Paso previo. La Fiscalía ha pedido que el Gobierno "autorice" a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, a poder revelar las acciones del centro con el sofware Pegasus antes de ser interrogada como investigada por el espionaje al exeurodiputado de ERC, Jordi Solé, a través de su móvil. ¿Por qué? Porque la ley de regulación del CNI ordena el deber de guardar secreto profesional a sus trabajadores y excargos y, por lo tanto, no pueden "explicar o aportar" información sobre cualquier tarea del centro, bajo la amenaza de ser denunciados penalmente. La sección 7.ª de la Audiencia de Barcelona ordenó, el febrero pasado, que Esteban tenía que declarar "sin demora" como imputada en el caso del republicano. Ante esta obligación, el fiscal del servicio de delitos informáticos, Roberto Valverde, hace ahora esta petición a la magistrada que investiga el caso de Solé, la titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, antes de que la cite como investigada, acusada del delito de revelación de secretos.
En el escrito al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el fiscal recuerda que la ley precisa que "no solo constituyen información clasificada con el grado de secreto las actividades, medios y procedimientos del CNI, sino también todas las informaciones o datos que puedan conducir indirectamente al conocimiento de las actividades, estructura interna y bases y centros de datos" del CNI. Antes de cumplir la orden de la Audiencia, la magistrada Maria Antònia Coscollola pidió la opinión del fiscal sobre la imputación de la exdirectora del CNI, y ahora tendrá que decidir si pide el suplicatorio al Consejo de Ministros para que Paz Esteban pueda hablar sin trabas o se acojará al obligado secreto profesional.
Indicios contra el CNI
El abogado del republicano, Andreu Van den Eynde, también ha hecho esta petición para que la magistrada envíe un suplicatorio al Consejo de Ministros para que autorice a Esteban a revelar datos sobre el espionaje con Pegasus. En el caso de Solé, el Consejo de Ministros afirmó al juzgado que el CNI no lo había espiado entre el 11 y el 27 de junio de 2020, aunque tenía en su móvil los mismos rastros que los encontrados en el caso del president Pere Aragonès, al cual el CNI admitió que había espiado, junto con otras 18 personas relacionadas con el independentismo catalán. La Audiencia de Barcelona resolvió que había bastantes indicios para sospechar del CNI en el caso de Solé al coincidir con el caso de Aragonès: temporalmente, el mecanismo de infección por el malwere (SMS) y el dominio utilizado (statsupplier.com).
Segunda declaración pendiente
El abogado de ERC también consiguió que la Audiencia de Barcelona (en este caso, la sección 3.ª) ordenara que había que interrogar como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, en el caso de los diputados republicanos en el Parlament y la Eurocámara Josep Maria Jové y Diana Riba, que investiga la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona. En este caso, Van den Eynde también ha pedido a la magistrada Eva Moltó que eleve un suplicatorio al Consejo de Ministros para que permita hablar a Esteban sin restricciones. El órgano del Gobierno también negó que el CNI espiara a Jové y Riba, a pesar de sufrir un sistema similar al de Aragonès y salir sus nombres en la investigación CatalanGate, con unas 65 personas del independentismo espiadas, según Citizen Lab.
Hasta ahora, la exdirectora del CNI solo había sido imputada por el juez que investiga el espionaje al presidente Pere Aragonès, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García. La exdirectora del CNI declaró por videoconferencia desde Madrid y defendida por cuatro letrados de la Abogacía del Estado. Esteban informó de que no se le había eximido del deber de secreto, como fija la ley 11/2002 y, por lo tanto, no podía revelar nada sobre el espionaje al independentismo catalán, y en concreto sobre Pere Aragonès. En este caso, la causa está avanzada y el juez tiene que resolver si se tiene que incluir como investigados directivos de NSO, la empresa propietaria de Pegasus, como ahora se ha ordenado en la causa sobre el espionaje al mismo Andreu Van den Eynde, que impulsa Irídia.