Sorpresa. El fiscal ha pedido que se investigue el exdiputado de la CUP, David Fernàndez, por un delito de falso testimonio durante su declaración como testigo en el juicio a seis miembros de Arran, este miércoles en el juzgado Penal 17 de Barcelona. Los seis integrantes de la organización juvenil de la Izquierda Independentista han sido juzgados por haber intentado entrar en la sede del Partido Popular (PP), en la calle Urgell de Barcelona, y provocar daños en marzo del 2017. Fernàndez ha explicado que fue a la sede del PP, como "activista" y con la entonces portavoz del grupo parlamentario de la CUP, Anna Gabriel, para hacer de "mediador" por si hubiera algún conflicto, que ha negado. "Arran hizo una rueda de prensa y ya está", ha afirmado. No obstante, en el informe final, el fiscal ha solicitado que se envíe a un juzgado de guardia la declaración en el juicio de David Fernández porque considera que ha mentido al asegurar que "nadie entró a la sede del PP, pero una quincena de jóvenes lo hizo en el vestíbulo del local". Este vestíbulo era un espacio entre dos puertas del local, sin acceder al interior, pero el fiscal considera que hay que investigar Fernàndez y que se le abra un procedimiento penal por falso testimonio. El juez, en la sentencia, tendrá que resolver si envía Fernàndez a un juzgado.
Además, el fiscal ha mantenido su acusación y ha solicitado que los seis jóvenes sean condenados a pagar una multa de 5.400 euros cada por el delito de desórdenes públicos. Se da la circunstancia que el PP se ha retirado del procedimiento, donde reclamaba unos 1.600 euros por daños. Las abogadas de los jóvenes, Norma Pedemonte y Júlia Humet, han pedido su absolución porque ejercieron el derecho a la manifestación, además de solicitar que se tenga en consideración que hay dilaciones indebidas al llevar a juicio este caso después de cinco años. La abogada Norma Pedemonte ha insistido en el riesgo de castigar derechos fundamentales, como alertan los tribunales internacionales, cuando -sostiene- que aquel día no hubo incidentes graves. "Son 18 minutos con aplausos y cánticos, y el fiscal no ha demostrado que haya una perturbación relevante de la paz pública", ha afirmado la abogada.
La autodeterminación
En el juicio, el entonces delegado de seguridad del PP, ahora jubilado, también ha quitado hierro a la acción y ha asegurado: "Cada día teníamos manifestaciones en la sede a punta pala", y que les pidieron que salieran de la entrada o vestíbulo, con doble puerta, hecho que al final les requirieron agentes de la policía catalana. Los Mossos no detuvieron a ninguna persona durante la acción y los jóvenes fueron identificados posteriormente a través de publicaciones, y dos de ellos tenían fichas de identificación de la unidad de investigación.
"Hicimos una rueda de prensa para defender el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya", y que el PP, en el Gobierno, no lo permitía, han declarado los procesados, cuatro chicos y dos chicas, que solo han contestado a las preguntas de sus abogadas. Algunos han admitido que engancharon adhesivos en la entrada, pero que no se produjo ningún enfrentamiento, y que responsables del PP podían entrar y salir de la sede. En el juicio, se ha visionado un largo vídeo, donde se ve la actuación de protesta de los militantes de Arran. Dos de los jóvenes han asegurado que trabajan a tiempo parcial y los otros que no tienen ingresos, por si son condenados a pagar las elevadas multas. "El vestíbulo es la sede del PP y unas 15 personas quisieron entrar; y en algún momento hubo forcejeo", ha afirmado el fiscal para mantener su petición de castigo por "perturbar la paz pública".
Sin incidentes
El periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, también ha negado incidentes graves en el acto de Arran, y ha explicado que algunos convocantes pusieron adhesivos en la fachada de la sede del PP. Agentes de los Mossos se personaron para echarlos, sin detener a ninguna persona.
En el nforme final, la abogada Norma Pedemonte ha cuestionado como la policía catalana ha hecho la identificación de los jóvenes procesados. Una de las acusadas ha hecho uso de la última palabra para mantener la defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya, y otro de los acusados ha criticado los 5 años de espera para ser juzgados y ha manifestado que no sabe aún cómo se lo ha identificado.