La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no admita a trámite la querella que presentó el grupo parlamentario de Vox por el delito de prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament de JxCat y la CUP por haber admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía levantar la declaración de independencia de Catalunya, según han confirmado a ElNacional.cat este miércoles. En la querella, el partido ultra solicitaba que, como medidas cautelares, se requiera a la Mesa del Parlament para que frene la tramitación de esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por Solidaritat Catalana per la Independència (SI) y que prosperó gracias a los tres votos a favor de Junts y la CUP, con la negativa del PSC-Units y la abstención de ERC y a pesar de contar con el informe en contra del letrado Xavier Muro. 

El adelanto de las elecciones catalans, al pasado domingo, dejó sobre la mesa esta propuesta, que ahora tendrá que valorar la nueva Mesa del Parlament que se conforme. Una realidad difícil después del retroceso de los partidos independentistas, especialmente la CUP y ERC, mientras han crecido la representación de partidos españolistas como el PP y Vox. La formación de Ciutadans, ahora desaparecida de la cámara catalana, también presentó una denuncia contra los avalistas de la ILP por la independencia.

Tres imputaciones

En su informe, Muro, que es secretario de la comisión de control de la ILP, argumentaba que la iniciativa "no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat" y "no busca la fundamentación en la Constitución o el Estatuto, ya que pretende aprobar una 'declaración de independencia', estableciendo un procedimiento a este efecto". Por eso, Vox solicitaba que se tome declaración en Muro en calidad de testigo, y que cite a los tres querellados -Anna Yerra, Aurora Madaula (JxCat) y Carles Riera (CUP)- en calidad de investigados. La formación de extrema derecha considera "palmariamente inconstitucional" la admisión a trámite de la iniciativa y, por lo tanto, cree que la Mesa del Parlament "tenía la obligación legal de inadmitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular controvertida".  De los tres citados, solo Anna Erra ha vuelto a ser elegida diputada en las elecciones del 12-M.

Ni prevaricación ni desobediencia

En el escrito, la fiscal Assumpta Pujol sostiene que los tres miembros de la Mesa no han cometido el delito de prevaricación administrativa, sino que actuaron "en el ejercicio de las funciones políticas propias de la Mesa del Parlament", y expone jurisprudencia en la cual se distingue el acto administrativo frente a una resolución "arbitraria" administrativa. También descarta que hayan cometido el delito de desobediencia, como dice Cs, porque no desobedecieron a ninguna resolución.

La iniciativa legislativa popular de la proposición de ley de Declaración de Independencia de Catalunya recoge que la "decisión de declarar la independencia le corresponde en el pueblo de Catalunya como titular de la soberanía nacional, y en el Parlament de Catalunya como representante suyo democráticamente elegido". En este sentido, el texto busca facultar el Govern para "negociar el reconocimiento internacional" de la declaración de independencia y concreta que esta será efectiva "cuando sea aprobada la ley, cuando sea negociada con la comunidad internacional la forma y el momento de la declaración de independencia y cuando sea declarada por una mayoría de diputados en sesión solemne del Parlament de Catalunya convocada a tal efecto". Con la nueva cámara catalana elegida el 12-M, parece muy difícil que se inicie su tramitación.