Los fiscales del procés siguen cuestionando la ley de amnistía y sus efectos. En esta ocasión, ha sido Consuelo Madrigal durante un acto organizado por el Partido Popular, con intervenciones de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, para conmemorar el aniversario de la Constitución. Madrigal, que es una de las cuatro fiscales que participó en el juicio del procés y que en junio plantó batalla para torpedear la aplicación de la norma del olvido penal a la malversación atribuida a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ha sido muy crítica con la norma, con el futuro papel del Tribunal Constitucional y con el fiscal general del Estado. Durante una de sus intervenciones en la mesa redonda en la que ha participado, ha reconocido que el TC es la “salvaguarda y garantía” de la Constitución, pero ha expresado sus reservas en su actual composición: “Confío en él, pero ¿podemos confiar en un tribunal que está claramente politizado?”, se ha preguntado. Y ha denunciado la divergencia frontal entre conservadores y progresistas en los últimos tiempos: “Al margen de la honestidad intelectual o moral de cada uno de sus integrantes, en los dos últimos años ha resuelto por bloques de siete [progresistas] a cuatro [conservadores] todas las decisiones que tuvieran algún contenido o sensibilidad política”. “El Tribunal Constitucional tiene un problema y hay que plantearse su composición y la renovación de su diseño”, ha concluido.

📝 El PP invita a una fiscal del procés contraria a la amnistía a un acto de homenaje a la Constitución

 

La argumentación que ha hecho Consuelo Madrigal resuena a unas palabras que expresó Alberto Núñez Feijóo hace tres meses. El líder del PP aseguró que los populares son “un partido de Estado que respeta las instituciones” y que aceptará las resoluciones judiciales. Sin embargo, reconoció que el PP “no está de acuerdo” con la composición del TC y lamentó que es un “grave antecedente en la democracia española”. El líder popular sostuvo que el actual Constitucional es “el que tiene más sospechas de parcialidad” y advirtió que si las personas que el PP recusara “no aceptan su exclusión”, él tendría “muchas dificultades para entender que su fallo esté dictado por personas independientes”. En concreto, el PP recusó a Cándido Conde-Pumpido (que fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa), a Laura Díez (que entre febrero de 2020 y mayo de 2022 fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, un órgano directivo del Ministerio de la Presidencia) y a Juan Carlos Campo (que fue ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021). Juan Carlos Campo se apartó voluntariamente y el pleno cerró la puerta a dejar fuera del debate tanto a Cándido Conde-Pumpido como a Laura Díez.

La fiscal Consuelo Madrigal ha reiterado buena parte de los argumentos que esgrimió, junto con Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, en junio para oponerse a la aplicación de la amnistía a la malversación. “Puede afirmarse, sin duda, que nos encontramos ante una ley absolutamente arbitraria en su gestación, tramitación y finalidad”, sostuvieron en un escrito entregado al fiscal general del Estado el 30 de mayo. Dos semanas más tarde, ratificaron su ofensiva: “Resulta indudable que [los líderes del procés] sustrajeron para sí mismos caudales públicos en forma de millones de euros”, cosa que “implica un enriquecimiento personal, ya que pudieron disponer de fondos públicos para sus finalidades ilícitas”, esgrimieron. Hoy Consuelo Madrigal ha repetido la misma tesis: ha argüido que la ley de amnistía “infringe varios preceptos de la Constitución y del derecho de la Unión Europea”, “no está prevista” en la Carta Magna y vulnera la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la independencia judicial. Ha señalado que la “anulación de resoluciones judiciales firmes por el mero voluntarismo político es contrario a la separación de poderes e independencia judicial” y ha censurado que el preámbulo de la norma “oculta la realidad de su gestión merced a una negociación en Ginebra y a un pacto de investidura”

La Fiscalía General del Estado “ha sufrido una colonización”

Asimismo, a Consuelo Madrigal le han preguntado por la situación actual en la Fiscalía General del Estado. De momento, Álvaro García Ortiz está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en la causa de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal ha denunciado una situación “insólita y anómala” y ha lamentado que la Carrera Fiscal está “inerme” (sin armas) porque “ha sufrido una colonización como tantas otras instituciones del Estado”. “El poder político en cualquier tiempo intenta acaparar más ámbitos de la realidad de los que le corresponden, pero en los últimos tiempos, por lo menos en las instituciones, esto ha sido mucho más rapaz y llamativo”, ha relatado. ¿Cuál es, a su parecer, el modus operandi? “El mérito y la capacidad que dice la Constitución para acceder a los cargos públicos se orilla en favor de la adscripción partidista”, ha relatado.

“La Fiscalía está constitucionalmente encargada de defender la legalidad. Y si la defiende no bajo el criterio de imparcialidad, sino bajo criterios partidistas, tenemos un problema”, ha añadido. Y ha remachado su argumentación con una última valoración: “En la actual tesitura, esa imparcialidad puede ser cuestionada en la actuación de los subordinados del Ministerio Fiscal que están encargados de llevar el caso del fiscal general del Estado”. Aludía, entre otros, a María de los Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo y número dos de Álvaro García Ortiz.

Leyes “disfuncionales” que “invitan a su incumplimiento”

Finalmente, Consuelo Madrigal ha lanzado duras críticas contra la función del Congreso de los Diputados como legislador. “Se ha laminado la función deliberativa, con una consecuencia muy nociva: son leyes muy malas”, ha reprobado. Y ha reprochado a la Moncloa que elabore reales decretos ley “sin información previa, ni memorias de impacto económico y ni impacto normativo” que acaban siendo normas “mal redactadas” y “precipitadamente redactadas”. “Son disfuncionales, dificultan su interpretación, generan pleitos y causas ante los tribunales, invitan a su incumplimiento y facilitan su transgresión”, ha remachado.