El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio no ha presentado recurso contra la absolución del exconseller de Cultura y diputado de Junts, Lluís Puig, por el caso de las obras de Sijena. No obstante, el Tribunal Supremo (TS) revisará la absolución de Puig porque el Ayuntamiento de Villanueva Sijena, que es acusación particular, ya anunció que presentaría recurso al alto tribunal español. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) absolvió Lluís Puig al considerar que no se había probado que hubiera desobedecido a una magistrada oscense que le requirió devolver 44 obras del Museo de Lleida a Sijena. Puig continúa viviendo en el exilio por la causa penal del 1-O, ya que el juez Pablo Llarena no quiere aplicar la ley la amnistía en el delito de malversación, como al president Carles Puigdemont y al exconseller Toni Comín.
La Fiscalía y el Ayuntamiento de Vilanueva Sijena pedían 2 años de inhabilitación para Lluís Puig por el delito de desobediencia, mientras su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, la absolución porque recibió la orden de la magistrada justo al día siguiente a ser nombrado conseller, el julio de 2017, en sustitución de Santi Vila, y pidió tiempo para estudiarlo. Y, por lo tanto, a pesar del rechazo inicial de la Fiscalía Superior de Catalunya, su exculpación no es firme. Además, el fiscal del Tribunal Supremo se podría adherir al recurso de casación que presente el consistorio de Sijena, puesto que ahora solo se hace el anuncio de si se presenta el recurso o no.
El acta de diputado en juego
El alto tribunal español podría confirmar la absolución, pero también hacer repetir el juicio o condenar Puig, hecho que implicaría que tendría que dejar el acta de diputado por Junts. La inhabilitación inmediata ya la sufrió el president Quim Torra por el caso de la pancarta en favor de los presos políticos, y el diputado de la CUP Pau Juvillà por los lazos amarillos a la Paeira.
Juicio al exconseller Vila
Paralelamente, el caso de las obras de Sixena tendrá un segundo juicio. El exconseller de Cultura Santi Vila, que estuvo más tiempo en el cargo, también será juzgado por desobediencia a la magistrada de Huesca, que deshizo el acuerdo de compra entre la Generalitat y la comunidad religiosa. Recientemente, la titular del Juzgado Penal número 20 de Barcelona, Mercè Fernández, rechazó la petición de la defensa de Vila para aplicarle la ley de amnistía y mantiene la celebración de juicio oral por los días 6 y 7 de mayo de 2025.
La Fiscalía, que rechazó aplicar la norma del olvido penal al exconseller Vila, pide que sea condenado 2 años de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 5.940 euros por el delito de desobediencia, como su predecesor. El Ayuntamiento de Vilanova de Sixena también acusa Vila del delito de usurpación de funciones judiciales y le pide once meses de prisión y una multa de 62.000 euros.