El teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, Pedro Ariche, ha asegurado este viernes que Lluís Corominas (PDeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Ramona Barrufet (PPeCAT), Anna Simó (ERC) y Joan Josep Nuet, y la exdiputada de la CUP Mireia Boy, juzgados en el Tribunal, Superior de Justicia de Catalunya por desobediencia "renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad y la ruptura con la legalidad, y anunciaron y ejecutaron la desobediencia". El fiscal ha asegurado tenían que haber entrado a valorar el fondo de las iniciativas parlamentarias porque conocían las advertencias del Tribunal Constitucional.

 

En su informe final, Ariche ha dicho que el proceso judicial por estos hechos no es un juicio político ni a una ideología, ya que no se han impugnado ni estatutos de partidos ni programas electorales. También ha recordado que todos los acusados prometieron acatar el orden constitucional desde su cargo, y eso no supone "sumisión ideológica a la Constitución", ya que hay vías legales para reformarla. "No se juzga el independentismo, no es una causa general", ha dicho, y ha añadido que tampoco se juzga el poder legislativo, pero ha recordado que "ningún poder del estado está por encima del resto". De hecho, considera que el hecho de que algunos políticos se sitúen por encima de otros poderes del estado y se vanaglorien públicamente de desobedecer resoluciones judiciales, se acercan a "la autocracia y el autoritarismo". Las decisiones judiciales "no son dogmas de fe, pueden ser criticadas pero indudablemente se tienen que cumplir", ha resuelto.

Interpretación esbiaxada

Los exmiembros de la Mesa hicieron, a la opinión del fiscal, una "interpretación sesgada" del reglamento del Parlament, que se tiene que interpretar, ha destacado, según el resto de la normativa legalmente superior. Así, ha dicho que todas las iniciativas parlamentarias tenían que pasar por la Mesa antes de llegar al pleno y se tenía que entrar a su contenido si eran "palmariamente" inconstitucionales, más todavía si había advertencias del TC. La conducta de los acusados, ha dicho, no está amparada en la inviolabilidad parlamentaria, ya que ninguno de los tres poderes del estado es ilimitado.



Ariche ha manifestado en el exposció de sus conclusiones definitivas que aunque los juristas de la cámara alegaron durante la vista que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional había cambiado en el 2014, eso es bastante habitual en derecho y lo tenían que tener en cuenta. También ha dicho opinado que no tienen el mismo valor los informes que hicieron los juristas para la Mesa advirtiendo del posible choque con los requerimientos del TC, que los informes de alegaciones presentados al TC para responder a estos requerimientos, que eran "informes de parte" para defender la postura de la cámara catalana.

Imagen de la sala de vistas del TSJC donde se juzga la Mesa del Parlament. Mientras: EFE

Evitar la paralización

Con respecto al pleno del 6 y 7 de septiembre, el fiscal ha dicho que la Mesa perdió su imparcialidad y ha enumerado las que según él fueron las diversas irregularidades, ilegalidades y vulneraciones de derechos, como tramitar las leyes de desconexión por lectura única, desobedecer el reglamento u obviar el trámite de informe del Consejo de Garantías Estatutarias. Según él, la rápida tramitación sólo era para evitar que el TC las paralizara antes de ser aprobadas.

Sobre la votación de la DUI el 27 de octubre, ha recordado que no se votó la parte declarativa, donde se hablaba de la independencia, y que sólo fue una 'performance'".

Con respecto a los presidentes de los grupos parlamentarios, ha dicho que no funcionan de forma asamblearia, y por lo tanto sus líderes asumen la responsabilidad de lo que firman ante la Mesa. También ha asegurado que no hace falta un requerimiento previo y concreto del TC para cometer el delito de desobediencia. Por eso, tampoco ve viable que el tribunal absuelva a los acusados por el eximente de cumplimiento del deber o ejercicio de un derecho, como alegan las defensas.

En resumen, ha concluido que los acusados "renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad, en favor de la ruptura con la legalidad estatal y la legalidad propia de Catalunya, anunciaron la desobediencia y la ejecutaron".