El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo ha emitido un informe en el que se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo, respondiendo así a la exposición razonada que envió al TS el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, para que imputara al expresident por estos delitos. Según ha adelantado El Confidencial, y han confirmado fuentes fiscales a ElNacional.cat, Redondo sigue la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que consideró que no existían indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves.
Sin embargo, las mismas fuentes explican que el informe todavía no es definitivo porque debe someterse al examen de la junta de fiscales de lo penal del Supremo, que se celebrará el próximo martes. Una vez emitido el informe definitivo de la Fiscalía del Supremo, el magistrado Juan Ramón Berdugo —como ponente del asunto— será el encargado de proponer a la Sala de lo Penal del alto tribunal si procede o no su admisión.
Criterio compartido con el fiscal de la Audiencia Nacional
Pese a que los fiscales del Supremo suelen ser más beligerantes, en este caso, su criterio ha coincidido totalmente con el del fiscal de la Audiencia Nacional, que el pasado viernes hizo un escrito muy contundente contra las acciones de García-Castellón. En concreto, tildó la acción de elevar la causa al Supremo de "injustificada e inmotivada", y calificó las acciones del magistrado de "incongruentes".
Carballo dejó bien claro que en la causa de Tsunami Democràtic no existen indicios del delito de terrorismo, como resolvió el pasado noviembre, ni tampoco ninguna diligencia nueva para elevar la causa al Tribunal Supremo, al inculpar a aforados como el president Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, que se ha ido a Suiza por miedo a ser detenido. "Las diligencias se han centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Catalunya a finales de 2019 por varios colectivos y por variadas personas, pero no ha incidido ninguna de las diligencias acordadas ni practicadas en la responsabilidad supuesta de los aforados", aseveró.
El magistrado García-Castellón dictó la resolución de imputación del delito de terrorismo a Puigdemont, Rovira y al resto de encausados el pasado 6 de noviembre, tras tener la causa parada casi cuatro años y justo cuando se difundió que existía un acuerdo entre el PSOE y Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez a partir de compromisos como el de aprobar la ley de amnistía para los implicados del procés. La causa fue enviada al Tribunal Supremo, ya que Puigdemont —en tanto que diputado del Parlamento Europeo— tiene aforo y, por lo tanto, el caso es competencia de dicho tribunal.