El fiscal del Tribunal Supremo que elaboró el informe inicial de Tsunami Democràtic, Álvaro Redondo, ha pedido amparo al Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado (FGE), a consecuencia de la "publicación en algún medio de comunicación de artículos extremadamente críticos" sobre la decisión de oponerse a investigar A Carles Puigdemont por el delito de terrorismo en la causa de Tsunami. La petición de Redondo ha sido trasladada por el fiscal de sala, Fidel Cadena, al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, para que el tema se trate en el Consejo Fiscal que se celebra este miércoles.
En el escrito presentado este martes, Cadena defiende que Redondo "es un ejemplo de fiscal dotado de excelencia jurídica e integridad ética probada". Además, apunta que "elaboró un erudito y laborioso informe sin ninguna influencia en sus conclusiones que no hubiera emanado de su legítimo cambio de opinión profesional fruto de la profundidad progresiva de su estudio". Con todo, Cadena remarca que Redondo tiene su "apoyo moral y jurídico absoluto", pero subraya que el apoyo "frente perturbaciones e inquietudes que un fiscal pueda recibir en el ejercicio de su función corresponde otorgarlo al Consejo Fiscal, por lo cual remite su escrito en este órgano.
Voto de calidad del fiscal general
Finalmente, el Consejo Fiscal ha otorgado el amparo a Redondo con el voto de calidad del fiscal general del estado, según ha informado la FGE este miércoles al mediodía. En la votación, las dos vocales natas, los dos vocales electivos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el vocal de la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF) se han mostrado a favor, mientras los seis
vocales de la Asociación de Fiscales (AF), a la cual está asociado Redondo, en contra.
Opiniones cruzadas por Tsunami
El pasado 6 de febrero se celebró la junta de fiscales de la sección primera penal del Supremo, y los dos presidentes de la sección —Fiel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa— mostraban posturas enfrentadas sobre el informe que elaboró Redondo. Mientras que Cadena se manifestó en contra, Sánchez-Covisa estaba a favor. Esta diferencia de opiniones entre los dos jefes llevó a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, a pronunciarse sobre el informe. Finalmente, Sánchez-Conde emitió el informe final con la postura de la Fiscalía: se opuso al hecho de que se investigara a Puigdemont en el Supremo por terrorismo al considerar que no hay indicios suficientes de criminalidad contra el eurodiputado de Junts.
El Supremo abre una causa por terrorismo contra Puigdemont
Finalmente, el pasado 29 de febrero, el Supremo —en contra del criterio del Ministerio Público— abrió causa penal contra Puigdemont y contra el diputado de ERC en el Parlamento Ruben Wagensberg por presuntos delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón había enviado una exposición razonada para que el Supremo asumiera la causa, ya que tanto Puigdemont como Wagensberg son aforados.
Los magistrados consideran "necesario y pertinente" que Puigdemont y Wagensberg "sean llamados al procedimiento para ser escuchados como investigados con todos los derechos y garantías previstos en el ordenamiento jurídico", una diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, en referencia a García-Castellón, sino la sala segunda del Supremo, ya que son aforados. El Supremo también declara su falta de competencia para instruir y en su caso, juzgar a las otras diez personas investigadas en este caso. Considera que no se advierte una unidad que no se pueda escindir en este caso para aceptar la competencia con respecto a personas no aforadas.