Segunda reunión de fiscales por la ley de amnistía. El fiscal general del Estado, Àlvaro García Ortiz, se ha reunido, este viernes en Madrid, con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, y el del Tribunal de Cuentas, y después con el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y los jefes de las 4 fiscalías provinciales y de las 6 fiscalías de área catalanas para "coordinar la unidad de actuación"   de  los integrantes del Ministerio Fiscal en la aplicación de la ley de amnistía del procés, aprobada por el Congreso de los Diputados este jueves y pendiente de que se publique en el BOE. Los fiscales de Catalunya no han presentado ninguna propuesta concreta ni escrito contra la amnistía y se espera que haya un acuerdo pacífico en el posicionamiento oficial de la Fiscalía en el territorio catalán. En la reunión, que ha acabado antes de las dos del mediodía, no se han abordado casos concretos, sino que se ha establecido un canal de coordinación para cuando empiecen a haber casos a amnistiar, y la consigna ha estado: esperar a que jueces y tribunales se pronuncien, según fuentes próximas al Ministerio Fiscal.

Por el contrario, Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo ja expresaron el jueves que la ley del olvido penal para promover la independencia de Catalunya es "contraria al derecho de la Unión" y no se puede amnistiar el delito de malversación de fondos por organizar el referéndum. Los fiscales del Supremo están en las causas del 1-O que afectan políticos y en la de Tsunami Democràtic, pero la mayoría de causas, que puede afectar a centenares de personas, están en juzgados catalanes. Si continúa la división de criterios, los fiscales más beligerantes pueden pedir que se convoque una Junta de Fiscales, aunque la última palabra siempre la tiene el fiscal general.

Reclaman que se publique en el BOE

Por su parte, los abogados de los líderes catalanes de Junts y ERC, Gonzalo Boye y Andreu van den Eynde, respectivamente, han criticado al Gobierno del PSOE por demorar la publicación de la ley de amnistía del procés en el BOE. Los dos penalistas han coincidido en pedir que se haga antes de las elecciones europeas del 9-J. Y es que hasta que no se publique ningún juez ni tribunal puede aplicar la norma, que tiene que suponer la extinción de toda responsabilidad penal, administrativa y contable sobre hechos relacionados con Catalunya entre los años 2011 en el 2023.

En este sentido, David Aineto, abogado de David Palaques, exresponsable del área de Tecnología del Departament de Treball y procesado por malversación por los preparativos del 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, ha sido el primero en pedir la aplicación de la amnistía, según informó la agencia Efe el jueves, una vez se publique la norma. Y es que la mayoría de los abogados de los condenados y pendientes de juicio  por le procés tienen los escritos preparados para presentarlos a los jueces y tribunales correspondientes.

La malversación de fondos, la duda

Con respecto al delito de malversación de fondos, hay consenso en la Fiscalía General del Estado que lo que se hizo el 1-O es una malversación agravada y no sin enriquecimiento, a pesar de la reforma del Código Penal acordada por el PSOE y ERC. En su informe, los fiscales Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno insisten en que hubo un "beneficio político y patrimonial" de los políticos catalanes al organizar el 1-O y que no se pueden amnistiar. Incluso, manifiestan que si no se puede amnistiar el delito de malversación, no se puede levantar la medida cautelar de detención en el Estado español del president en el exilio Carles Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

Y, ante lo que califican "una contradicción" de la ley de amnistía con el derecho de la Unión, los fiscales del Supremo piden que el Tribunal Supremo plantee una consulta o prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las causas quedarán frenadas. Este es el caso de los políticos condenados por los delitos de malversación y tienen las inhabilitaciones en vigor. Son: el secretario general de Junts y exconseller, Jordi Turull, y el exconseller Raül Romeva, hasta el 2030, y el líder de ERC, Oriol Junqueras y la exconsellera Dolors Bassa hasta el 2031.

Sin embargo, la ley de amnistía deja bien claro que se tienen que amnistiar todos los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación "únicamente" cuando estuvieran destinadas a financiar la consulta del 9-N del 2014 y el referéndum del 2017 y "siempre que no haya existido un propósito de enriquecimiento". Para los abogados defensores, la ley es lo bastante clara y ampara a los acusados de malversación del Supremo, así como los tres cargos de ERC pendientes de juzgar en el TSJC y la treintena de excargos en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

 

En la foto principal, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, en una reunión de hace meses en Barcelona. / Foto: Pau de la Calle