La mayoría conservadora del Consejo Fiscal planta batalla a Pedro Sánchez y se opone a la creación de la Fiscalía de delitos contra la Administración Pública que está prevista en el Plan de Acción por la Democracia que presentó el Gobierno hace quince días. El órgano que asiste al fiscal general del Estado se reunió este miércoles, 2 de octubre, para debatir un informe sobre el real decreto que crea más de setenta nuevas plazas en la Fiscalía, algunas de ellas ligadas a dos nuevas unidades cuya creación se enmarca en el plan ‘anti-fango’ que promovió el presidente español en septiembre: una sobre delitos económicos y otra sobre delitos contra la Administración Pública, con un fiscal de sala y dos fiscales adscritos a cada una. Y la conclusión fue la oposición del Consejo Fiscal a la creación de la relativa a los delitos contra la Administración Pública, según ha informado elDiario.es y ha confirmado ElNacional.cat. La posición contraria la expresaron los seis vocales de la Asociación de Fiscales (mayoritaria en la carrera y de carácter conservador) y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (que rechazó la creación de ambas fiscalías). Los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales y los tres miembros natos (el fiscal general, la teniente fiscal del Supremo y la jefa de la Inspección Fiscal) votaron a favor de ambas. Al final, cinco a favor y siete en contra. Eso sí, es un posicionamiento no vinculante, dado que la decisión compete únicamente al Gobierno.
“Entendemos que carece de justificación la creación de la plaza de Fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, junto con dos Fiscales adjuntos”, señala la Asociación de Fiscales en un comunicado. Alegan que esta figura “no está prevista” en el Estatuto Orgánico, denuncian que implica “duplicar órganos de coordinación” porque se solapa con las competencias que tiene la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y señala que “será en cada caso” el fiscal general del Estado quien “valorará si existe o no la especial trascendencia” que justifique la intervención de una u otra fiscalía. “Esta coincidencia de ámbitos y la inseguridad jurídica del criterio de asignación nos llevan a entender que su creación alejará a la Fiscalía de la eficacia en la respuesta penal que propugna el proyecto”, lamentan. “Parecería que el Real Decreto trata precisamente de eludir a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, desdeñando la labor que viene realizando desde 1995, al afirmar que lo que se busca ahora es la «verdadera y efectiva lucha contra la corrupción»”, remachan.
Por su parte, Salvador Viada, el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), mostró su oposición a la creación de las dos fiscalías porque darían “más poder discrecional” al fiscal general del Estado, según señala a ElNacional.cat. En lugar de esto, Viada apuesta por “regular” el poder legal del fiscal del Estado de asignar asuntos o no a la Fiscalía Anticorrupción según su libre criterio y “objetivar los criterios de asignación”. “Pienso, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez: el fiscal general del Estado no lo ha dado a Anticorrupción, prefiere que se lleve en Madrid. Yo creo que esto no puede ser, y menos cuando se ha hecho frecuente que la Fiscalía General le quite asuntos a los fiscales, incluso para informar que se archiven”, añade el fiscal de la APIF en declaraciones a este medio.
En cambio, fuentes de la Unión Progresista de Fiscales consultadas por ElNacional.cat defienden la creación de la fiscalía sobre delitos contra la Administración Pública argumentando que supone un “paso” en la “especialización de la carrera fiscal”, que defienden que es la “mejor forma de luchar contra las nuevas formas de delincuencia”.
“Avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada”
Con la creación de estas dos unidades especializadas, la voluntad del Gobierno es “avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada”. En el documento relativo al Plan de Acción por la Democracia, la Moncloa subraya que la especialización de la carrera fiscal es “imprescindible a fin de mejorar la eficacia en la respuesta penal” frente a hechos delictivos que “socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas”. En concreto, frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública. “Ello supondrá una mayor especialización en la investigación y enjuiciamiento de esta lacra criminal, cuyo combate constituye una prioridad absoluta”, concluía el texto.
Dos nuevas unidades sin funciones jurisdiccionales
Según cuentan fuentes de la Fiscalía a ElNacional.cat, las unidades especializadas en la Fiscalía no tienen funciones jurisdiccionales y no van a los tribunales, sino que se encargan de unificar criterios y coordinar la actuación de los fiscales de las fiscalías correspondientes. Por ejemplo, hay unidades especializadas relativas a la violencia contra la mujer, al medio ambiente, a la seguridad vial, a los menores, a extranjería, a la seguridad en el trabajo, a la criminalidad informática, a los delitos económicos, a las personas mayores, a los delitos de odio o a los derechos humanos. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción “lleva grandes asuntos de corrupción que le encomienda el fiscal general” y sí tiene función jurisdiccional.
Las mismas voces de la Fiscalía señalan que la Fiscalía sobre delitos contra la Administración Pública abordaría la corrupción que afecta a corporaciones locales o diputaciones. Asimismo, desde la Fiscalía recuerdan que la creación de ambas fiscalías es una decisión que compete al Gobierno y subrayan que el informe del Consejo Fiscal es uno más de los informes que tienen que elaborar los órganos consultivos. Es preceptivo, pero no vinculante.