“La imputación de Álvaro García Ortiz arroja, lamentablemente, dudas sobre su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado que afectan de manera intolerable a la institución”. Los fiscales conservadores se revuelven contra el fiscal del Estado y le reclaman que dimita después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra él por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “No puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la Fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”, ha sostenido Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y conservadora. En un comunicado, denuncía que nunca habría “imaginado” que la Fiscalía “podría encontrarse en una situación tan crítica y lamentable en la que quien la dirige se encuentra investigado en causa penal” i lamenta que hoy es un “día triste” para la institución que representan los fiscales en “cumplimiento de los principios de imparcialidad y legalidad”.
A parecer de Cristina Dexeus, la condición de investigado al fiscal general del Estado “genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación” de quienes la representan “diariamente con vocación”. Así pues, concluye que “revertir esta anomalía” y “recuperar el respeto” a su trabajo “requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible”. El Partido Popular también exige a Álvaro García Ortiz que dimita esta “misma mañana” para no “seguir contaminando todo lo que hace la Fiscalía”. Sin embargo, él se niega y el Gobierno le muestra su “respaldo total”, defiende que “cumplió con su deber de proteger la verdad” y augura que la investigación “quedará en nada”.
La AF critica que la número dos de Álvaro García Ortiz fuera quien se opusiera a investigarlo
“Los fiscales tenemos una serie de incompatibilidades específicas, así como un código ético propio que nos exige un plus de imparcialidad y de probidad”, ha sostenido Cristina Dexeus. Asimismo, ha reprobado que fuera la teniente fiscal del Supremo y número dos de Álvaro García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, quien expresara la oposición del Ministerio Fiscal a investigar al fiscal general del Estado. La Asociación de Fiscales recuerda que el Reglamento del Ministerio Fiscal “prevé la posibilidad de que el fiscal ordinario sea separado del cargo en el caso de que se le incoe una causa penal en beneficio de la apariencia de imparcialidad y de honradez de la institución”. Y se pregunta: “¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al fiscal general del estado, si este es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?”. “Lo que se va a valorar en los tribunales es la actuación concreta del fiscal general del estado y si se ha excedido en las funciones que representa. Que el fiscal general se ampare detrás de la institución es inadmisible”, remacha.
La APIF también pide la dimisión del fiscal general del Estado porque su imputación “deteriora gravemente” el Estado de derecho
Por otra parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) considera que la imputación del Supremo conlleva la “pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio” que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para llegar a ser nombrado fiscal general del estado: “Es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Supremo”. En este sentido, en un comunicado, esgrime que esto también implica que haya perdido “completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público”. “No es posible que pueda continuar ni un minuto más. Mantenerlo es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho”, añade. Y también recuerda que el Reglamento del Ministerio Fiscal prevé que el fiscal del estado pueda “acordar motivadamente” la “suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal”. “No tiene sentido que cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea fiscal general del Estado”, lamenta.
El fiscal del Estado se niega a dimitir: “Es lo menos gravoso y lo más prudente”
Sin embargo, el fiscal general del Estado descarta dimitir. En un comunicado, ha verbalizado su “convencimiento” de que continuar en el cargo es “lo menos gravoso y lo más prudente para la institución a medio y largo plazo” y “refuerza la independencia de la Fiscalía”. Álvaro García Ortiz reitera que tenía que replicar los “bulos o falsedades” que “comprometían la imagen de la institución y de varios de sus integrantes” e insiste que la nota de prensa de la Fiscalía se encuadraba en el “ámbito de las competencias” que la Constitución Española y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “encomienda” a la Fiscalía: la función de “informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”.