Una vez la ley de amnistía quede aprobada, el Tribunal Supremo pedirá la opinión de la Fiscalía y de las otras partes implicadas en el juicio del 1-O. Sin embargo, los cuatro fiscales de la causa se habrían avanzado y ya ultiman un borrador de informe en que plantean serias dudas sobre la aplicación de esta nueva ley que todavía no ha sido aprobada, según informa El Español. Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno hace varias semanas que trabajan en el documento donde detallan sus reticencias a aplicar la ley.

🟡 Amnistía: ¿y ahora qué? Las dudas sobre la respuesta de los jueces y sobre la orden de detención de Puigdemont
 

🟡 El maratón de la ley de amnistía: seis meses contra los jueces sublevados y las maniobras de la derecha
 

En el texto que elaboran los cuatro fiscales se apunta que la nueva ley borra los delitos relacionados con el procés independentista. Los fiscales quieren estar preparados para cuando el Supremo los pida su criterio sobre la aplicación de la amnistía. Por eso han avanzado en la elaboración de este documento, el cual consideran provisional. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha citado a los cuatro fiscales de Sala del procés y los fiscales de Sala cabezas del área penal para escuchar su opinión sobre la ley de amnistía y los criterios para aplicarla.

Madrigal, Cadena, Zaragoza y Moreno no ven clara la aplicación de la ley de la amnistía. La posición de los fiscales es importante porque puede marcar también el criterio que se siga en los procesos que están pendientes en los Juzgados y Audiencias Provinciales de Catalunya y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Votación en el Congreso

El Congreso debate y vota este jueves por última vez la ley de amnistía. Un texto que ha superado cinco meses de tramitación en las dos cámaras -en medio de una fuerte campaña de oposición del PP- y que es el fruto de una tensa negociación entre el PSOE y los partidos independentistas imbricada en la investidura de Pedro Sánchez. Las fuerzas que dan apoyo a la ley (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podem y BNG) suman 178 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta de 176 necesarias para que prospere. Una vez aprobada, Felipe VI lo tendrá que firmar y el texto se publicará BOE para que entre en vigor.

Si no hay imprevistos de última hora, los 178 diputados de la mayoría de la investidura se impondrán hoy a los 172 que suman los grupos contrarios a la norma: PP, Vox, UPN y CC. El Congreso ratificará de esta manera el dictamen que la misma cámara ya aprobó el 14 de marzo, y girará el veto que el PP impulsó al Senado, donde dispone de mayoría absoluta.