Los pronósticos se han confirmado y los fiscales del Supremo consuman el divorcio con el fiscal general del estado. Álvaro García Ortiz les ha ordenado directamente que defiendan ante Pablo Llarena y Manuel Marchena que todos los delitos atribuidos a los líderes del procés, incluida la malversación, se tienen que amnistiar, pero Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno mantienen su rechazo frontal y reiteran que la malversación no está incluida en el perímetro de la amnistía. Eso conduce a la Fiscalía al desenlace previsto desde hacía días y anticipado ayer por el mismo fiscal general: una Junta de Fiscales de Sala que tendrá que discutir la aplicación de la amnistía. Convocada ya oficialmente, será el martes 18 de junio a partir de las 9.30 horas. Sin embargo, García Ortiz, favorable a la amnistía total para el president Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, tendrá siempre la última palabra. Eso sí, cuando haya ratificado su posicionamiento, tendrá que asumir él mismo la causa o derivarla a otro fiscal que aplique sus directrices.
En un breve escrito de dos páginas firmado por Javier Zaragoza, los cuatro fiscales del Supremo recriminan a García Ortiz que sus argumentos para imponerles que se posicionen favorablemente a una “aplicación incondicional de la amnistía” son “manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida” y le espetan que su orden es “improcedente y contraria a las leyes porque no se ajusta a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en interpretación y aplicación de las normas”. Por este motivo, invocan la aplicación del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que conduce a la reunión de la Junta de Fiscales de Sala.
La Junta de Fiscales de Sala está presidida por el fiscal general y está integrada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, y los fiscales de sala. La fiscal jefe de la secretaría técnica, Ana García León, actúa como secretaria. En total, son 38 fiscales. La reunión se prevé larga, ya que todos los asistentes, empezando por el último que fue nombrado y acabando por el más antiguo, tendrán que exponer su argumento jurídico, según relatan fuentes fiscales a ElNacional.cat.
“Un indudable beneficio patrimonial”
El conflicto en el seno de la Fiscalía se remonta al mismo día que el Congreso dio luz verde definitiva a la ley de amnistía, cuando se encendieron las alarmas: los fiscales del Supremo se oponían a amnistiar la malversación. Justo el miércoles pasado, ratificaron su rechazo absoluto argumentando que Puigdemont, Comín, Puig, Junqueras, Turull, Romeva y Bassa “sustrajeron por sí mismos caudales públicos en forma de millones de euros”, cosa que “implica un enriquecimiento personal, ya que pudieron disponer de fondos públicos para sus finalidades ilícitas”. Argüían que “la malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores”, ya que los destinaron a “la elaboración, desarrollo y concreción de su proyecto ilegal e inconstitucional de desintegración de España, que les produjo un indudable beneficio patrimonial.”
Además, esgrimían que la malversación de fondos públicos para “financiar un proceso secesionista” dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea supone un “riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto” y, en consecuencia, “repercute negativamente en los intereses financieros de la Unión”. Y recordaban que la malversación es uno de los tipos penales que la directiva europea sobre la lucha contra el fraude incluye entre los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.
El fiscal general del Estado, partidario de amnistiar a Puigdemont y Junqueras
El criterio de los fiscales del Supremo choca con el del fiscal general del Estado, que sostiene que todos los delitos vinculados al referéndum del 1 de octubre “están comprendidos” en el perímetro de la amnistía y que, por lo tanto, todos los líderes del Procés tienen que ser amnistiados. En su escrito, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, Álvaro García Ortiz considera que la interpretación de los fiscales del Supremo “contradice la voluntad del legislador y el tenor literal de los artículos” y les reprocha que sus argumentos “son insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación”.
El fiscal general, que siempre tiene la última palabra, sostiene que los fiscales “confunden” el ánimo de lucro que exige el delito de malversación con “el enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de los hechos que la amnistía considera que no se pueden amnistiar. “El perjuicio patrimonial para la administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial”, argumenta. Y añade que los hechos “no produjeron una afectación directa” a los intereses financieros de la UE.