La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el procés y le pide una pena de 11 años de prisión.

El ministerio público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el "asedio en la Conselleria de Economia los días 20 y 21 de septiembre del 2017". Además, se los acusa de "dar cobertura efectiva" a los líderes independentistas "para imponer por la fuerza de las masas derechos que no tienen" y "dar apoyo a la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament i el Goverm de la Generalitat".

En su escrito de acusación, la fiscalía también pide 11 años de prisión por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa sólo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quienes pide cuatro años de prisión.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal, Pedro Rubira, consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

Lo hicieron no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como "mandos subalternos", lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.

En el caso de Laplana consideran que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal (lo que comportaría penas de hasta 15 años) sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre cuatro y ocho años.

Se los acusa de ayudar a "llevar a cabo el plan secesionista"

Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 "una pieza clave para, en el ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia".

Aseguran que lo hicieron "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat, así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas".

 

La abogada del major, Olga Tubau, ha indicado en declaraciones en TV3 que "era muy difícil que al resto de procesados se les acusara de rebelión y a Trapero sólo de sedición". Sin embargo ha denunciado que hay "mucha incoherencia" en la causa.

Tubau asegura que "nos estamos defendiendo contra unas acusaciones que no contemplan la realidad de lo que pasó" y que "se está interpretando la realidad al mismo tiempo que se desprecia material que hemos aportado". La abogada apunta que no se puede mantener que Trapero puso a los Mossos a disposición del Govern porque "eso es despreciar elementos de la instrucción que demuestran el contrario". Además, Tubau recuerda que el major de los Mossos "manifestó públicamente que el cuerpo de los mossos siempre obedecería la legalidad vigente y estaría a las órdenes de jueces y fiscales".