La Fiscalía de València ha decidido defender y abrir la puerta a que los tribunales investiguen la posible responsabilidad penal del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado ElNacional.cat. En un escrito que ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de València (TSJV), el ministerio público ha acordado acumular en una misma causa siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón a quien se acusa de ser el principal responsable de la gestión de la catástrofe que ya lleva 223 muertos y decenas de miles de personas damnificadas.

De las siete denuncias que se han presentado, seis señalan a Mazón y también a la exconsejera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas, que fue sustituida semanas después de la tragedia. Los denunciantes atribuyen al presidente valenciano la comisión de delitos tales como prevaricación, lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Estos delitos se le imputan a Mazón "a consecuencia de la no adopción de algunas decisiones que, a su entender, habrían evitado o mitigado el resultado fatal por el número de fallecidos", indica la Fiscalía de Valencia.

La desatención de los deberes de los políticos

“De ese relato derivan una genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados que, a día de hoy, no consta singularizada”, añade el escrito de la Fiscalía. La fiscal María José Montesinos de Lago dice en su escrito que todas las acusaciones coinciden en señalar "la desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas" y apuntan que "ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por diferentes organismos, omitieron el dictado de resoluciones y decisiones que eran de su competencia, y de este modo no evitaron o, al menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe ocurrida".

La fiscal también dice en su escrito que "es más que razonable realizar una única instrucción dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de Organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados, y de posibles testigos y peritos". "Entendemos que en todas las denuncias subyace la misma atribución de hechos, con independencia de las distintas calificaciones jurídicas efectuadas por los querellantes y denunciantes, y, de manera unánime, basada en la omisión e infracción de los deberes propios e inherentes a la función de los denunciados", añade.