Contundente. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de apelación contra la resolución del juez Manuel García Castellón, en el cual asegura que no hay indicios para imputar el delito de terrorismo a los 12 investigados de Tsunami Democràtic, incluido el presidente Carles Puigdemont, que, por sorpresa, incluyó entre los investigados este lunes, como también a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. En el recurso, el fiscal sostiene que la resolución del juez “tiene una falta de motivación general”, y "no se atribuyen hechos concretos" a Puigdemont y asegura que "tampoco se puede sostener que Rovira hacía labores de coordinación de Tsunami". Incluso, el fiscal califica "de ingenuo" que el juez haya ofrecido a Puigdemont que se persone al juzgado porque "continúa prófugo", y concluye que no haber hecho el suplicatorio en el Parlamento Europeo para pedir su extradición ya evidencia "la intangibilidad de la imputación".
Además, el fiscal crítica, las suposiciones que hace la Guardia Civil en su último informe y concluye que, "analizados los aparatos de los investigados, la mayoría provenientes del caso Volhov, “no se encuentra ni una sola referencia a la violencia por parte de ninguno de los investigados”. Sostiene que no se les puede imputar los enfrentamientos que en otoño del 2019 se produjeron entre la policía y manifestantes en Barcelona y otras ciudades, así como tampoco del mobiliario urbano destrozado
En el recurso presentado este viernes, la Fiscalía sostiene que en los cuatro años de investigación "no se ha demostrado que haya ningún grupo criminal organizado, ni con jerarquía" y que los hechos que podrían tener indicios delictivos son las manifestaciones masivas en el aeropuerto del Prat, contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, el 14 de octubre de 2019, y los cortes de la AP-7 en la Jonquera, que encajarían en el delito de desórdenes públicos, desaparecido el delito de sedición. Por eso, pide a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional (se salta el recurso ante el magistrado) que derive la causa de Tsunami Democrático a los juzgados de Barcelona o donde pasaron los hechos.
Sin pruebas
En un implacable recurso, el fiscal Miguel Ángel Carballo, afirma que el juez en su resolución de lunes "reconoce la actual imposibilidad de establecer de manera segura la calificación como de terrorismo de los hechos y viene a remitirse a la futura práctica de diligencias que pudieran confirmar en su caso, tales extremos". Añade que "la simple lectura de las diligencias acordadas en la parte dispositiva de la resolución impugnada, denota que ninguna de ellas puede llevar a determinar tal calificación jurídica, ni en el aspecto de la existencia de organización o grupo criminal, ni en el aspecto que los hechos constituyan delito de terrorismo".
En estas polémicas diligencias, el juez García Castellón ha pedido a la Guardia Civil que aclare si el hombre francés muerto en el aeropuerto del Prat se podía imputar a los investigados de Tsunami. Gonzalo Boye, abogado del presidente Puigdemont y de su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, exigió el juez que no banalice el delito de terrorismo. Además, le ha reclamado desde cuándo investiga al presidente Puigdemont y si esta información se había ocultado en el Parlamento Europeo.
Ni organización criminal
Además, el fiscal manifiesta que no se ha demostrado que haya un grupo criminal porque "no se han acreditado ni jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados, ni la existencia de un órgano directivo, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos".
En este sentido, el fiscal Carballo precisa que "no hay unión de personas ni comisión de infracciones concertadamente en número superior a dos", y cita al empresario Oriol Soler y al diputado de ERC Rubén Wagensberg, los dos investigados, a quien se les imputa hacer los comunicados de la plataforma. Y sostiene que "Tsunami Democràtic, en lo que consta en el procedimiento, no puede ser considerado ni siquiera indiciariamente una organización estructurada y jerarquizada ni con vocación de permanencia, con la existencia de varias personas con roles diversos, como manifiesta el instructor".
Tsunami una aplicación
Además, el fiscal afirma que Tsunami Democrático, en el que se ha podido acreditar en el procedimiento, "no deja de ser un más que un perfil de Twitter" y en su fase más avanzada de los hechos, una app diseñada para acceder a códigos QR que permitiera el conocimiento de comunicados emitidos por esta supuesta entidad. El fiscal Carballo critica que "no se puede presumir que con las manifestaciones apodícticas que recoge el informe final de la Guardia Civil, como que 'evidentemente' o 'no podría ser de otro modo' exista este tipo de organización, detrás del que ha sido una mera aplicación informática o APP o un mero perfil de Twitter". Incluso, precisa que la APP "no se lanza hasta el día 15 de octubre de 2019, cuando la acción del aeropuerto del Prat, la más importante, ya se había desarrollado, el día inmediatamente anterior".
Los investigados, nada grave
En cuanto al resto de investigados citados por el juez, el fiscal detalla "solo en dos casos tienen relevancia penal". Al empresario Oriol Soler, sostiene que “como mucho podría atribuirle monitorizar acciones de Tsunami Democrátic" a tiempo real, respeto los hechos sucedidos en el aeropuerto del Prat, decidir las publicaciones de Tsunami o intervenciones en las redes sociales a favores de Tsunami.
Del exdirigente de ERC Xavier Vendrell, el fiscal afirma que “las imputaciones resultan débiles”, según el contenido de los informes policiales. “Las simpatías del investigado a Tsunami no significa que el investigado participe directamente”, sostiene el fiscal y añade que “es insostenible atribuirle la coordinación de las acciones en el aeropuerto del Prat solo para decir: ‘que les lleven comer y beber a los que están allá; donde él ni está”. Ni tampoco las acciones en el Camp del Barça. “Es inconsistente mantener una imputación, solo cuando Vendrell dice a Marta Rovira, que ‘su gente lo hará’”, espeta el fiscal.
También descarta que se puedan imputar hechos delictivos al periodista Jesús Rodríguez, al informático Jaume Cabaní, de quien se decía que llevaba la parte financiera; del diputado Rubèn Wagensberg, y del directivo de Òmnium, Oleguer Sierra, ni de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del presidente Puigdemont.
Por el contrario, el fiscal sostiene que ser podría imputar a la activista Marta Molina que “tenga una participación relevante en el intento de bloqueo del aeropuerto de Barajas, al dar indicaciones”, y también en los cortes de la AP-7, pero descarta totalmente como recogen los informes policiales “una participación directa u organizadora a Tsunami”. Y de Josep Campmajó se le imputa una actuación “relevante” en el corte de la AP-7 “pero nada más”.