La Fiscalía del Tribunal Supremo sitúa al rey emérito Juan Carlos I como un comisionista profesional que se ha dedicado durante años, a escala internacional, al cierre de grandes negocios. La noticia, que se ha filtrado a través del diario El Mundo, ha causado un alboroto que ahora, el mismo órgano judicial, quiere rebajar el suflé. En un comunicado muy breve, la Fiscalía pasa la patata caliente: "En ningún caso eso son conclusiones y se tendrá que determinar cuándo Suiza conteste". Por una parte, valida la información publicada y de la otra, pone el matiz.

Así pues, de momento, el borbón no será denunciado por el Tribunal Supremo en relación a las tres investigaciones que mantiene abiertas sobre su patrimonio. Los plazos son largos y tomará una decisión cuando reciba el contenido de todas las comisiones rogatorias que ha solicitado a países terceros. La noticia coincide con otra que podría maquillar la primera. La Fiscalía Dolores Delgado se reúne hoy con el actual rey, Felipe VI, para entregar la memoria anual de este ministerio público: "Hay que recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles para la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los cuales se fundamenta la petición", especifica en un comunicado.

Los casos que pueden llevar Juan Carlos al banquillo de los acusados son por un posible cobro y ocultación de comisiones millonarias por intervenir en la adjudicación de las obras del AVE en la Meca en empresas españolas, haber utilizado tarjetas black y ocultar parte de su fortuna en Jersey. Hasta ahora, lo ha salvado haber presentando, de forma sorprendente, dos regularizaciones fiscales justo antes de hacerlas efectivas los responsables públicos que lo controlan. Por ellas, Juan Carlos ha abonado más de cinco millones de euros que, de momento, lo han librado de cualquier responsabilidad penal. Sobre estas acciones, pueden caer cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, soborno y tráfico de influencias.

La Fiscalía pide paciencia

Delante de aquellos que cuestionan la lentitud con que se va desgranando todo el proceso, la Fiscalía ruega paciencia y recuerda que "está comprometida a traer las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, a menudo condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional". El hilo para estirar que podría acabar siendo definitivo es la Fundación Zagatka, donde también figuraba el actual rey Felipe VI, y de donde provienen todas las cantidades. Los hijos del emérito dejaron de ser beneficiarios después de la modificación de sus reglamentos el año 2018, posterior a todo el presunto fraude ya cometido por el padre.

La primera reacción del Gobierno ha estado por boca del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según él, a pesar de las noticias "preocupantes" que apuntan a la fortuna del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, defiende que España es "un Estado donde todo tiene que ser conocido e investigado" y añade: "Tenemos que dejar que la Fiscalía actúe y adopte las medidas necesarias y precisas que considere oportunas, se analicen los hechos y se determinan las consecuencias que haga falta".

La vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, ha coincidido con Marlaska, asegurando que las informaciones relativas a Juan Carlos I no son "agradables". Por este motivo, cree necesario esclarecer cualquier indicio de delito, con una "investigación has el final". En el siglo XXI, ha dicho, "la transparencia y la igualdad son claves". 

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