La fiscalía de Schleswig-Holstein ha admitido a trámite la petición de extradición del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación, según ha informado a través de un comunicado este martes. La fiscalía general del land en el que se detuvo al president, Schleswig-Holstein, ha pedido la extradición al Tribunal Superior, el organismo que tiene que tomar una decisión sobre Puigdemont.
En la misma línea, la fiscalía pide mantener al president Puigdemont en prisión preventiva mientras no se toma una decisión sobre su futuro al apreciar un "riesgo de fuga".
Como ocurre en el caso de la justicia española, el movimiento de la fiscalía no significa que esta sea la decisión final de los tribunales alemanes. De hecho, ahora es el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein quien tiene que tomar la decisión sobre la extradición de Puigdemont.
El president se encuentra en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado 25 de marzo cerca de la frontera entre Alemania y Dinamarca. La detención, llevada a cabo por la policía alemana con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), seguía las directrices de una euroorden de detención emitida por la justicia española tan solo dos días antes. El presidente está siendo investigado por los delitos de rebelión y de malversación.
¿Qué dice la fiscalía?
Con esta petición, la fiscalía alemana rechaza el conflicto y se alinea con los posicionamientos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El fiscal general alemán expone que se tiene que forzar el retorno de Puigdemont en el Estado español ante el "riesgo de huida" del president. Argumenta la petición en el hecho que los delitos de los cuales se acusa a Puigdemont, rebelión y malversación de fondos públicos, recogidos en el Código Penal español, tienen su equivalente en la vía penal alemana aunque no en una "redacción idéntica".
Según expone el texto, en el que ha tenido acceso El Nacional, al fiscal general ha tomado la decisión de pedir la extradición del presidente después de un "intenso examen" de la orden de detención europea emitida por Llarena el pasado 23 de marzo.
El fiscal general repasa las acusaciones de la justicia española que recaen sobre Puigdemont: los preparativos y la convocatoria del referéndum del 1-O a pesar de las advertencias del TC, los "violentos enfrentamientos" entre ciudadanos y policía que tuvieron el 20 de septiembre coincidiendo con la operación Anubis, y el informe de la Guardia Civil entregado al mismo Llarena que señala que la Generalitat, bajo las órdenes del president, habría malversado 1.602.001,57 euros, una acusación por cierto desmentida por el mismo Gobierno.
El texto completo emitido por la fiscalía:
El fiscal general solicita orden de extradición contra Carles Puigdemont
SCHLESWIG. El fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, según el artículo 15 IRG (Ley de asistencia judicial mutua internacional en materia penal), solicita una orden de extradición contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en Schleswig.
Después de un intenso examen de la orden de detención europea del Tribunal Supremo de Madrid de 23 de marzo del 2018, el fiscal general ha llegado a la conclusión de realizar una solicitud de extradición, con la debida ejecución de la solicitud de extradición.
El procedimiento de extradición era de esperar y el motivo de la detención de Puigdemont es el riesgo de huida.
Con la orden de detención europea, las autoridades españolas solicitan la extradición de los condenados por dos delitos. Los hechos de la rebelión de conformidad con el artículo 472, apartados 5 y 7, y la malversación de fondos públicos de conformidad con el artículo 472, apartados 5 y 7; 432 y 252 del Código Penal español.
La acusación de rebelión contiene esencialmente la acusación de llevar a cabo un proceso de inconstitucionalidad, aparte de los disturbios violentos previstos. Se encuentra un equivalente comparable en el derecho penal alemán en los artículos 81, 82 del Código Penal (alta traición). Una redacción idéntica en alemán y español no es necesaria.
En la medida en que el perseguido [Puigdemont] sea responsable de malversación de fondos públicos y —según el criterio de las autoridades españolas— acusado de corrupción, eso incluye acusaciones del uso de fondos públicos para la celebración de un referéndum inconstitucional, que es punible conforme al artículo 266 del Código Penal alemán (malversación de fondos).
Las autoridades españolas acusan al Sr. Puigdemont el 28 de septiembre de 2017 de decidir con consellers de la Generalitat de Catalunya, como presidente de la Generalitat de Catalunya, un referéndum sobre la cuestión de la independencia de Catalunya aunque el Tribunal Constitucional español ya había dictado sentencia antes. Se había establecido en principio que no era compatible con la Constitución española.
Las fuerzas policiales señalaron que en vista de los violentos enfrentamientos que ya han tenido lugar entre ciudadanos y la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, había que esperar una escalada de violencia para el día del referéndum (1 de octubre de 2017). No obstante, el gobierno autonómico de Catalunya —incluidos los perseguidos como su presidente— decidió celebrar el referéndum, y se obligó la policía autonómica a velar para que los que estaban a favor del proceso de escisión
pudieran participar en las elecciones.
Responsables de las autoridades españolas de la elaboración y aplicación del informe considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional dicen que los costes del referéndum clasificado suben a 1.602.001,57 euros. Entre otras cosas, el dinero se destinó a campañas publicitarias, así como la impresión de boletines y listas electorales.
Hay una razón para la detención por el riesgo de huida.
Las medidas menos drásticas que la ejecución de la custodia ante la extradición no ofrecen ninguna ventaja.
El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein es ahora el responsable de la petición de extradición.