La actuación de la policía patriótica del PP vuelve a ser protagonista en Andorra y en relación con los antiguos propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA), que ha provocado dos comisiones rogatorias de Andorra al Estado español en poco tiempo de diferencia, pero con finalidades confrontadas y fundamentadas con los audios que ha ido filtrando de forma interesada el comisario jubilado de la policía española José Manuel Villarejo, acusado de un largo listado de hechos delictivos. Esta semana ha trascendido que la titular del juzgado de Instrucción Especializada 1, la alcaldesa Azahara Cascales, ha solicitado la colaboración del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, a través de una comisión rogatoria, para que le facilite un audio del 2017, que consta en el caso Tándem y en poder del comisario José Manuel Villarejo, donde se asegura de que los hermanos Higini i Ramon Cierco habrían pagado a Alberto Pedraza, un empresario de Madrid que vive en Andorra y vinculado a Villarejo, para embrutecer el nombre del gobierno andorrano por no haber evitado la intervención de la BPA.
La BPA fue intervenida en el 2015 y liquidada a raíz de una información -que ahora se discute su origen y certeza- del Tesoro de los Estados Unidades sobre el favorecimiento del blanqueo de capitales en el Principado, país que en el 2011 ratificó el acuerdo monetario con la Unión Europea de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Fuentes próximas al gobierno andorrano sostienen que se aisló la BPA para no contaminar el resto de bancos, que es uno de los principales activos del país, mientras personas próximas a los hermanos Higini y Ramón Cierco aseguran que fue una actuación para frenar su expansiva red de negocios.
Coincide con la causa contra Rajoy
Lo primero que sorprende de esta nueva investigación es que se hace pública, poco después que los tribunales españoles hayan validado la comisión rogatoria de otra jueza de Andorra, Stephanie García, a través de la cual se ha notificado al expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernàndez Díaz, así como al exsecretario de Interior Francisco Martínez Vázquez y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, que son investigados en Andorra, después de que los hermanos Cierco y el antiguo CEO de la BPA Joan Pau Miquel les denunciaran por haberlos extorsionado, así como por los delitos de falsedad de documento (al informar del peligro de blanqueo en la banca andorrana) y de coacciones de órganos constitucionales (al gobierno de Andorra).
La investigación dio un impulsó cuando la entidad catalana de juristas Drets y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) se personaron como acusación popular en nombre de la soberania de Andorra y pidieron que se adjuntaran todas las revelaciones de los audios del comisario Villarejo, en las que se asegura que ciertamente en el 2014 se presionó a la BPA para que les aportaran si tenían cuentas de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. El resultado fue el famoso pantallazo, que se publicó en un diario de Madrid, y que permitió investigar a la familia Pujol Ferrusola (la confesión del presidente Pujol blanqueó la información bancaria obtenida ilegalmente), causa que se conoce como la trama andorrana de la Operación Catalunya.
¿Quién impulsa la investigación?
En un intento de aclarar este intríngulis judicial, fuentes jurídicas de Andorra detallan que esta nueva investigación contra los Cierco fue iniciada por la policía de Andorra al encontrar en "fuentes abiertas" (a les xarxes socials) este audio. Se añade que la Fiscalía general de Andorra, encabezada por Alfons Alberca, es quien solicitó abrir esta investigación a la batlle Cascales el julio pasado, en la cual inicialmente se acusa a Alberto Pedraza de blanqueo de capitales y de un delito contra el prestigio las instituciones (art.325), castigado con multa de hasta 30.000 euros e inhabilitación para cargo público hasta cuatro años. No ha sido hasta finales de este octubre que la batlle ha comunicado a los hermanos Cierco que son investigados en esta causa, además de activar el auxilio judicial de los tribunales españoles para obtener una copia oficial de esta conversación supuestamente incriminatoria. El juez García Castellón ha pedido la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que, por ahora, no ha hecho pública su posicionamiento.
Delitos sin fundamentos
La defensa de los Cierco, que realiza el despacho de abogados de Josep Casadevall -que había sido magistrado y vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), propuesto desde el gobierno de Andorra- ya han respondido a la jueza Cascales que no hay hechos delictivos en la investigación. Según fuentes judiciales, la defensa de los Cierco ha indicado que no hay delito de blanqueo porque en la investigación no se detalla qué supuestas actividades ilícitas se querían esconder con el delito de blanqueo imputado. Añaden que en la conversación de Pedraza no interviene ninguno de los hermanos Cierco. Además, precisan que si existiera un delito contra el prestigio de las instituciones estaría prescrito porque es un delito menor, que prescribe al cabo de 4 años, y la conversación de Pedraza es de enero del 2017. Habrá que ver hasta dónde llegan las dos investigaciones, impulsadas por los audios de Villarejo.