El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a la Fiscalía Anticorrupción que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto "a gran escala" en Melilla, vinculado a Coalición por Melilla, a causa de "la gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular" en las elecciones municipales y autonómicas del domingo. Así consta en un decreto firmado el jueves, donde el jefe del Ministerio Público explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso.

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Fuentes fiscales han indicado a Europa Press que también se trata de una cuestión de coherencia interna, porque el caso similar de Mojácar (Almería), vinculado al PSOE, está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. En Melilla, como no existe esta figura delegada, era la Fiscalía ordinaria la que había entrado en la causa.

García Ortiz ha expuesto que, "como los hechos suponen una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada, atendiendo su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, vista la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular, así como teniendo en cuenta la complejidad de las investigaciones a desarrollar, se estima que concurren los presupuestos que permiten la atribución de la competencia para el despacho del asunto a esta fiscalía especial". El decreto detalla que las indagaciones hechas hasta ahora por la policía española —que han llevado a la apertura de una investigación judicial en Melilla— "han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la cual se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo".

Precisa que esta operación delictiva empezó el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las investigaciones practicadas, por "varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla".

Una estructura organizada

"Estos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con el partido político indicado, en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma", indica. Todo ello, apunta el decreto del fiscal general, podría ser constitutivo de delitos electorales, pero también de malversación, prevaricación, soborno y falsedad documental.

Hay que recordar que por estos hechos la policía española ha detenido y posteriormente ha dejado en libertad a nueve supuestos implicados en esta trama de compra de votos para el 28-M. Los arrestados están vinculados a Coalición por Melilla, el partido mayoritario del gobierno del enclave español.