La Fiscalía Anticorrupción es contraria a que la Fiscalía Europea asuma toda la investigación abierta sobre el caso Koldo, en relación con la compra de mascarillas durante la pandemia. El fiscal Luis Pastor pide a la Audiencia Nacional que eleve el caso al Tribunal Supremo a fin de que el Alto Tribunal decida quién se queda la investigación. En el escrito enviado al juez Ismael Moreno, le solicita que plantee una cuestión de competencia para saber quién continúa con la causa, que afecta a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y a otros investigados por presuntas comisiones en adjudicaciones públicas. El fiscal apuesta porque la Audiencia Nacional mantenga la competencia del caso con respecto a todos los delitos y que la Fiscalía Europea se limite a investigar “exclusivamente” si hubo delito contra los intereses financieros de la Unión Europea. Arguye que lo contrario “ocasionaría un perjuicio irreparable a la instrucción de la causa y a los propios investigados”.
En el escrito, de 25 páginas, esgrime que el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional se encuentra en “mejor posición” que la Fiscalía Europea a causa de “la complejidad de la investigación, los medios para afrontarla eficazmente y el tiempo ya dedicado a la instrucción del caso”. Luis Pastor presume de que la Fiscalía Anticorrupción “tiene potentes medios materiales y humanos, de los que, como es sabido, no goza ninguna otra fiscalía, incluida la Europea” y destaca que cuenta con una “larga experiencia y capacidad para acometer estas investigaciones”. Concluye que atribuir la competencia a la Fiscalía Europea tendría “efectos negativos” sobre la instrucción, dado que “supondría un retraso en las investigaciones, en tanto que exigiría tener que tomar conocimiento de todo lo actuado hasta ahora”.
También apunta que el hecho de que “haya existido financiación de la Unión Europea no implica que exista un perjuicio para los intereses financieros de la Unión”, ya que, hasta el momento, “no hay indicio alguno” de la comisión del delito de malversación: “Los contratos se ejecutaron, el material fue suministrado y se pagaron unos precios inferiores a los satisfechos en otros contratos de suministro del mismo material”. Por lo tanto, el fiscal se opone a que la Fiscalía Europea se quede toda la investigación cuando la Audiencia Nacional “ya se encuentra investigando delitos que no han perjudicado los intereses financieros de la Unión, que no son instrumentales de estos y tampoco se hallan indisociablemente vinculados a ellos”, que son tres condiciones para que la Fiscalía Europea asuma una investigación.
“Una mayor afectación a los intereses nacionales”
Luis Pastor subraya que “no hay duda de que existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los intereses financieros de la Unión Europea”. Y apunta los motivos: “la cuantía de fondos estatales afectados es casi tres veces superior a los fondos europeos” y es una trama que “ha comprometido el normal funcionamiento de la Administración española”. “No sería fácil justificar que, con el pretexto de un eventual y no acreditado perjuicio a los intereses financieros de la UE, fueran apartados los órganos nacionales más directamente encargados de la persecución de dos de los más característicos delitos de corrupción, como el tráfico de influencias y el cohecho”, señala. Y añade que la investigación de la Audiencia Nacional es “mucho más amplia y compleja” y “alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia directa de la Fiscalía Europea”.
“No cabe hablar en el presente caso de indivisibilidad”
El fiscal anticorrupción también esgrime que, en este caso, “no cabe hablar de indivisibilidad” y sostiene que el hecho de que “hayan existido diferentes fuentes de financiación de los contratos no debe ser obstáculo para que sean investigados en un mismo procedimiento”. Además, apunta que se trata de conductas que quedan “claramente diferenciadas” y no están “indisociablemente vinculadas” al contrato que la Fiscalía Europea “considera el instrumento de una posible malversación o fraude”. El fiscal acusa la Fiscalía Europea de “utilizar como percha” un “eventual” delito de malversación de fondos europeos para “colgar la totalidad de la investigación” y le reprocha que no dé “argumento o razón alguna en la que fundamentar que están «indisociablemente vinculados»”. “Lo que investiga el Juzgado es una trama que desborda con mucho la mera adjudicación de unos contratos afectos a fondos europeos, pues se expande por distintas Administraciones Públicas, ajenas a cualquier financiación de fondos europeos, y es una organización que preexistía a las adjudicaciones afectadas por fondos europeos”, remacha.
Ni “subordinación” ni “supremacía”: un “reparto competencial”
Un último argumento que plantea el fiscal es que la relación entre la Fiscalía Europea y los órganos judiciales españoles “no se basa en la subordinación” ni en una “inexistente supremacía de una Fiscalía solo aparentemente supranacional”, sino que entre ambos actores se establece un “reparto competencial”. Así pues, es “indiscutible” la competencia de la Fiscalía Europea para investigar los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, mientras que es “excepcional” su intervención respecto a otros delitos cuya investigación “concierne propiamente a las autoridades judiciales españolas”.