La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión y el decomiso de 20,6 millones de euros al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. La cantidad corresponde a lo que se calcula que Zapalana y el resto de procesados desviaron en paraísos fiscales. Todo ha quedado recogido en el escrito de acusación de la fiscalía, en el cual se apunta en Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV a valencianas, según informa Efe. En su escrito, los presuntos delitos cometidos por el expresidente valenciano y el resto de implicados incluyen organización criminal, blanqueo de capitales, soborno, prevaricación y falsedad documental.

Zaplana no es el único procesado, hay hasta 14 personas más implicadas en este proceso. A los diversos supuestos colaboradores de esta trama se les pide penas variadas. Joaquín Barceló (al cual pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresidente José Luis Olivas (6). También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesenvolupaments Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figures.

Anticorrupción sospecha que este grupo operaba a través de sociedades con sede en el extranjero. Estas sociedades habrían sido creadas con el propósito que fueran las receptoras de los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico.

El pasado mes de junio, el juzgado instructor dictó un auto por el cual dio por concluida la fase de instrucción e instaba la Fiscalía y las otras acusaciones a solicitar la abertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Estuvo entonces cuando ya se supo que Zaplana pasa a ser procesado bajo la sospecha de haber cobrado millones de euros en comisiones ilícitas. Ya en aquel momento se apuntaba que las conductas "eran dirigidas por Zaplana, juntamente, con un grupo próximo al expresidente, amigos o personas vinculadas en la política por las relaciones que tuvieron desde su cargo público".