La Fiscalía Superior de Catalunya ha informado a Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y diputada del partido Aliança Catalana, de que ha archivado la denuncia que la fundación Ibn Battuta presentó, el septiembre pasado, contra ella, según ha informado la misma líder de esta formación populista y xenófoba a X, este martes. La entidad denunció a Orriols porque aseguraba que el consistorio de Ripoll tardaba en empadronar a la población inmigrada, hecho que también perjudicaba la escolarización y la atención médica de los menores de estas familias.
El Gobierno, incluso, amenazó el gobierno local de Ripoll con que si no hacía correctamente la tramitación y la gestión del padrón sería denunciada a la Abogacía del Estado. El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, detalló, el febrero pasado, que habían requerido al consistorio de Ripoll que los informara de su gestión en el padrón. Y por ahora, no se ha hecho ninguna actuación administrativa desde el Gobierno contra Orriols.
Además, ahora, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, le ha informado de que inició una investigación sobre la denuncia contra ella y que lo ha archivado porque no ve ninguna actuación delictiva por parte de Orriols ni del Ayuntamiento. El contenido de esta investigación fiscal, por ahora, no ha trascendido.
Resistencia de más ayuntamientos
La resistencia a empadronar a personas inmigrantes no solo pasa a Ripoll, sino en otros municipios catalanes. Entidades de Derechos Humanos hace tiempos que denuncian que consistorios no quieren registrar a personas si no tienen un domicilio conocido, hecho que muchas familias son obligadas a hacerlo en Barcelona, con una normativa más acogedora. No obstante, el gobierno local del PSC anunció que revisaría los empadronamientos con direcciones en sedes de entidades sociales para revisar y actualizar este censo.
La ley establece que el plazo máximo para resolver solicitudes de empadronamiento es de tres meses. Si la Fiscalía Superior de Catalunya ha acordado resolver que archiva la denuncia a Orriols es que no ve que haya cometido ningún hecho delictivo. Con todo, la fundació Ibn Battuta podría denunciar ahora a l'alcaldesa en un juzgado.