Carpetazo. Como estaba previsto, Juan Carlos I no hará frente a ninguna responsabilidad penal. Dos años después, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido este miércoles archivar todas las investigaciones iniciadas en torno a los tejemanejes y posibles corruptelas del rey emérito. Entre ellas, las supuestas comisiones por el AVE a La Meca. Los motivos del archivo son variados: desde la falta de indicios o la prescripción hasta la protección de los actos durante su reinado por la figura de la inviolabilidad constitucional. Eso sí, la Fiscalía sí que admite irregularidades, como la ocultación de dinero en el extranjero no declarado a Hacienda. De hecho, durante el último año y medio ha procedido a dos regularizaciones fiscales. Todo estos allana al emérito el camino de vuelta a España.
El archivo de las tres líneas de investigación se ha decretado a través de dos secretos firmados por Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación constata que el rey Juan Carlos I se enriquió durante 38 años con fondos ajenos a su retribución como miembro de la Casa Real. Pero en buena parte tuvo lugar antes del 2 de junio del 2014, cuando abdicó como jefe del Estado, y por lo tanto está protegido por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución española. Eso es lo que impedirá, por ejemplo, que sea perseguido penalmente por la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí, que ocultó en Suiza a través de la fundación panameña LUCUM.
Sobre estos fondos, la Fiscalía tiene claro que su titular real era Juan Carlos I y se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de 2008 a 2012 que superan "con creces" el importe de 120.000 euros que el Código Penal establece como "umbral del delito". No obstante, la posible responsabilidad penal del 2008 al 2011 ya estaría extinguida por prescripción. En el caso del 2012, apunta la Fiscalía, "tampoco sería susceptible de reproche penal porque estaba protegido por la inviolabilidad".
Más allá de los delitos fiscales, en este caso, se investigaba un posible delito de corrupción en los negocios por el proyecto de AVE a La Meca, en el que participaban doce empresas españolas y dos saudíes. La Fiscalía señala que la investigación no ha podido establecer, "ni siquiera de manera indiciaria", ningún vínculo entre este ingreso y la adjudicación del proyecto de AVE a La Meca ni, por lo tanto, con el pago de ninguna comisión. En este sentido, se especula que "se trataría de un regalo que podría haber sido recibido en consideración de jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón ostentaba en 2008 y, por lo tanto, susceptible de integrar el delito de soborno". Pero este posible delito también estaría "claramente prescrito". Por lo que respecta a un posible delito de blanqueamiento de dinero, también se asegura que estaría cubierto por la inviolabilidad.
Transferencias de un empresario
Una segunda línea de investigación tenía que ver con las transferencias efectuadas entre los años 2016 y 2019 por el empresario británico-mexicano Allen Sanginés-Krause. El beneficiario fue Juan Carlos de Borbón y el importe ascendió a 516.606,32 euros para satisfacer gastos de familiares del emérito o de personas vinculadas. La Fiscalía señala que "no existe constancia de ningún contraprestación por las transferencias realizadas". Estaban sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones y el emérito las regularizó con una declaración delante de la Agencia Tributaria el 9 de diciembre del 2020, ingresando 556.412,5 euros, más recargos e intereses de demora. De esta manera, este capítulo ya estaría resuelto.
Fundación Zagatka
Una tercera línea de investigación ponía el foco en los gastos y viajes de Juan Carlos I sufragados por la Fundación Zagatka, detrás de la cual había su primo Álvaro de Orleans. Estos gastos fueron posteriores al 19 de junio del 2014, y por lo tanto ya no estaba protegido por la inviolabilidad constitucional. Según la fiscalía, esta fundación "abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento" al rey emérito y sus familiares. No obstante, realizó una segunda regularización fiscal en febrero del 2021, "sin requerimiento previo de la Administración Tributaria", por un importe total de 4,41 millones de euros. Una regularización fiscal que "cumplió el requisito objetivo".
Sin embargo, la Fiscalía celebra que su investigación haya permitido recuperar más de cinco millones de euros para las arcas públicas como consecuencia de las dos regularizaciones de Juan Carlos I.
El trust de Jersey
Había una última pata que investigaba la Fiscalía: un trust en la isla de Jersey que, según el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), podía pertenecer a Juan Carlos de Borbón. La Fiscalía confirmó que era beneficiario de dos trusts creados por su amigo Manuel Prado Colón de Carvajal, dotados con unos cinco millones de euros. La finalidad de ambos trusts habría sido apoyar al entonces jefe del Estado en caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional. Pero en 2004 decidió cerrarlos y traspasar el dinero al historiador Joaquín Romero Maura. Fue éste último quien abrió la sociedad investigada, JRM 2004 Trust. El ministerio público sostiene que no existen indicios de que vinculen al emérito con estos fondos opacos.
Su futuro, "en los próximos días"
Durante los últimos meses, se ha especulado con un posible regreso del rey emérito una vez se archivaran las investigaciones de la Fiscalía. En cuanto se ha conocido esta noticia, el despacho de abogados, que representa a Juan Carlos de Borbón, ha informado en un comunicado que "en los próximos días" trasladará el contenido de los dos decretos a su cliente. Se va a hacer "eco de las decisiones que pueda tomar Juan Carlos" y las comunicará "oportunamente".
