Todo por la imagen. Con el propósito de no ensuciar el discurso de Navidad de Felipe VI donde, entre otros aboga por el sentido de la justicia y la transparencia, la fiscalía "le hará el favor" y comunicará el archivo de la causa contra el rey emérito Juan Carlos I para después de fiestas. Esta tenía que llegar el próximo 17 de diciembre, cuando caducan las diligencias, pero encima de la mesa está prorrogarlo para separar las fechas de una imagen de los borbones con la otra. Además, es un trámite que se puede hacer ya que la investigación se puede cerrar posteriormente a los seis meses que se han marcado para llevar a cabo los correspondientes hallazgos.
En paralelo, aunque la fiscalía que dirige Dolores Delgado ya tiene claro que el tema está cerrado, técnicamente queda conocer la documentación de una comisión rogatoria en Suiza. Así pues, primero llegaría esta información que no cambiará nada en absoluto y, posteriormente, el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos y el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, dictarán el archivo de todo. Todo, supone una muestra más del trato de favor que ha recibido Juan Carlos desde que salió el escándalo. Así pues, gracias a la comunicación directa con la fiscalía también ha podido llevar a cabo dos regularizaciones con Hacienda previas a recibir el aviso: una de 678.393,72 euros el año pasado y la otra de 4.395.901,96 en febrero de este año. La primera estaba por haber dejado de pagar impuestos del 2016 al 2018 y la segunda por los ocho millones de euros que el emérito recibió en vuelos de una compañía de jet privados pagados en el 2018 por la fundación Zagatka.
Felipe VI se lo quiere sacar de encima
La sombra de Juan Carlos persigue a su hijo. Este ya ha intentado librarse de él. Primero retirándole sus privilegios como emérito y también renunciando a su herencia. Pero de los escándalos publicados, Felipe VI también tiene una parte del pastel e, igual que sus dos hermanas Elena y Cristina, también aparecía como beneficiario de las fundaciones ilícitas de su padre. Desde la Moncloa y la fiscalía también han querido marcar perfil a pesar de entenderse por detrás. Así pues, la misma Delgado manifestó el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados que gracias a su investigación, "había salido a la luz una cantidad importante e inimaginable de dinero que es de todos los españoles".
Los delitos por los que se lo investiga son tres: un supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a la Meca en empresas españolas, el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo en cuentas en que no figuran como titulares y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey con su nombre. Por otra parte, la investigación ya se inició con menos pruebas de las que habían. Así pues, la fiscalía solicitó información sobre el dinero que el monarca escondía al país, pero acotó la solicitud al periodo 2016-2019.
Esta limitación ha hecho que las autoridades suizas solo hayan enviado a España información de uno de los dos bancos en los que tuvo dinero la Fundación Zagatka, vinculada al emérito. Los años en que se ha centrado la Fiscalía coinciden con la etapa durante la cual el emérito efectuó menos operaciones sospechosas y, por lo tanto, significa una renuncia a investigarlo por delitos cometidos en ejercicios no prescritos. Al menos un año fiscal habría quedado fuera de la comisión rogatoria enviada a Suiza.