La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha anunciado que abrirá tramitas en relación con los hechos denunciados por el PSOE la noche de Fin de Año, donde varios manifestantes colgaron y apalearon un muñeco del presidente español, Pedro Sánchez. Lo anuncia se ha hecho a través de una nota de prensa emitida por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. Esta decisión se materializa después de que el pasado miércoles la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ana Isabel García León, remitiera el asunto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por medio de un oficio. "El día de hoy se ha procedido a la abertura de diligencias de investigación penal preprocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para el estudio de los hechos denunciados, determinación de posibles delitos y competencia para que toméis conocimiento", se recoge en el comunicado.
La nota de prensa de la Fiscalía del AN se hace eco de la denuncia del PSOE donde se especifica que durante la concentración se colgó un muñeco identificado con el presidente del Gobierno "en el cual se golpeó repetidamente mientras se proferían varias expresiones que pudieran ser constitutivas de delito". La denuncia de los socialistas se compone de casi 60 páginas, donde se detallan que los hechos podrían constituir un delito de odio por ideología política. Este tipo de delito solo se puede aplicar en los colectivos considerados vulnerables, en esta línea los socialistas argumentan que su partido fue perseguir durante la dictadura y la Guerra Civil.
Revuelta y su vinculación con Vox
La entidad que organizó las protestas en Ferraz por Fin de Año fue Revuelta y en la suya denunciar al PSOE los vincula con Vox. La denuncia detalla que uno de los líderes de Revuelta, Pablo González Lasca, es responsable de Marketing Digital del partido, y "parece que trabaja en íntima conexión con el diputado de Vox, Manuel Mariscal, al frente de la vicesecretaría nacional de Comunicación". En todo caso, el PSOE aclaró que Revuelta no está constituida legalmente como asociación y, por lo tanto, se utilizaron otras asociaciones, como Plataforma 711 y ASOMA, que sí que cuentan con una fórmula jurídica que les permite contratar y solicitar autorizaciones administrativas.
La relación entre Vox y Revuelta se ha sospechado desde el mismo nacimiento de la segunda. Sin embargo, esta tesis se fortaleció después de que El Independiente publicara cómo las facturas por las donaciones realizadas a la organización juvenil son enviadas de la dirección de correo compras@voxespana.es. A pesar de esta conexión, Vox se lavó las manos afirmando que Revuelta había utilizado su nombre sin su conocimiento ni su consentimiento.