El proceso puesto en marcha por la justicia española para la extradición del conseller Lluís Puig ha fracasado definitivamente. La fiscalía belga ha decidido no recurrir la decisión del Tribunal de Apelación contraria a la extradición de Puig por lo cual acaba el recorrido de la euroorden emitida contra él por su implicación en el 1-O y de rebote se abre un nuevo escario para todos los políticos exiliados.
La fiscalía belga ha asegurado esta mañana en la agencia ACN que no recurrirán la negativa dictada ayer por el tribunal de Apelación, para lo cual disponía de 24 horas.
La Corte de Apelación consideró, según explicó la defensa de Puig, que el Tribunal Supremo no es competente en este caso y que existe un riesgo de vulneración de la presunción de inocencia, según se desprende de las declaraciones de jueces, fiscales y autoridades españolas.
La no competencia del Supremo ha sido uno de los argumentos fundamentales del exilio para combatir las euroórdenes. También es uno de los puntos en que se basan para reclamar la puesta en libertad de los presos políticos, como ha recordado Carles Puigdemont a través de un tuit.
Los eurodiputados de Junts ya subrayaron ayer el efecto que esta decisión puede tener sobre todos los procesos abiertos contra ellos e, incluso, para la situación de los presos políticos.
Precisamente, el abogado de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, ha celebrado la decisión de la fiscalía, a través de Twitter, jugando con una metáfora de ajedrez para advertir que se acerca el movimiento definitivo en el tablero.
La euroorden española pedía la extradición de Puig por un delito de malversación de caudales públicos para la organización del referéndum del 1-O.
Esta era la tercera euroodre dictada contra el conseller. La primera se presentó en diciembre del 2017, cuando una parte del Govern se exilió con Carles Puigdemont en Bélgica. La segunda, de julio del 2018, se tuvo que enmendar varias veces por defectos de forma y cayó definitivamente cuando el tribunal de Schleswing-Holstein decidió que los delitos de sedición y rebelión no encajaban con la legislación alemana.
Las reacciones a la decisión final de la justicia belga no se han hecho esperar. Desde el Consell per la República se ha subrayado que este movimiento avala la opción del exilio, liderada por Puigdemont.