Respuesta rápida y esperada. La fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos de Barcelona ha citado a la activista catalanista Blanca Serra Puig (Barcelona, 1943) el próximo 19 de mayo para que explique las torturas que le infligieron agentes de la Brigada Político- Social en la Jefatura de la Policía española de Via Laietana, en febrero de 1977, según han informado fuentes jurídicas a ElNacional.cat. Es el primer paso de la pionera investigación de torturas perpetradas durante el franquismo, que la Fiscalía ha abierto en el Estado español, en el marco de la ley de memoria democrática del 2022, que ordena "realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición". Es una acción innovadora y, de momento, paralela a la vía penal, la cual continúa cerrada, básicamente porque la ley de amnistía, aprobada en octubre de 1977, está en vigor.

La ley de amnistía de 1977 impide investigar los crímenes del franquismo, según han recordado dos juzgados y la Audiencia de Barcelona, en el caso del sindicalista Carles Vallejo y los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz, citando resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Por eso, es difícil que si se identifican los torturadores de las hermanas Serra, y estén vivos, puedan ser citados a declarar en la Fiscalía. En el caso de los hermanos Ferrándiz, la Audiencia de Barcelona ya invitaba a investigar los hechos "fuera del proceso penal" y, por lo tanto, sin condena, como ahora iniciará de forma pionera la Fiscalía de Barcelona.

Ámbito de investigación limitado

La denuncia por torturas durante el franquismo y la transición sufridas por Blanca Serra y su hermana Eva -historiadora, que murió en julio de 2018- fue presentada por Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, con el apoyo de Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). La entidad calificó de "precedente histórico" que la fiscal especializada en Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, aceptara, el 3 de abril pasado, investigar su caso. Sin embargo, se admite que inicialmente solo se investigarán las torturas sufridas durante el franquismo, ya que la ley de Memoria española abraza hechos desde el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución española, el 29 de diciembre de 1978.

Cuatro detenciones

Blanca y Eva Serra sufrieron cuatro detenciones en diferentes periodos, en los cuales se las torturó, entre los años 1977 y 1982 en la Jefatura de la policía española de Via Laietana y a la Dirección General de Seguridad de Madrid (en la Puerta del Sol). La última detención de Blanca y Eva Serra fue el 1982 por manifestarse contra la ley de la LOAPA, que cerraba todo autogobierno, y por llevar el cartel con el lema Independencia. Fueron acusadas de ultraje a la unidad de la nación española y pasaron dos meses en la prisión de la Trinitat. Quedaron en libertad, sin juicio.

Es decir, las torturas de las hermanas Serra hasta octubre de 1977 están amparadas por la ley de amnistía, pero las de 1982, no. No obstante, no se les ha facilitado ninguna información ni documento sobre los policías que las torturaron físicamente y psíquicamente para llevarlos ante la Justicia, y por eso presentaron la denuncia ante la Fiscalía para que reclame esta documentación.

Así, Irídia espera que esta investigación "sirva para recoger los archivos policiales, tomar declaración a los testigos y a los peritos, y, especialmente, identificar a los responsables de las torturas sistemáticas cometidas a Via Laietana." Y asegura que el caso de Blanca Serra "es un primer paso que tiene que contribuir a garantizar que, de una vez por todas, los tribunales del Estado español dejen de obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo", a más de exigir que Via Laietana sea un "verdadero centro de memoria", como reclaman las entidades memorialistas de Catalunya, como la Comissió de la Dignitat, que ahora impulsa la implicación de los Ayuntamientos.

Para Irídia,  los delitos de lesa humanidad no prescribe. Sin embargo, la justicia española -el Supremo y el Constitucional- reiteran que cuando pasaron estos hechos, el Código Penal español no recogía este delito y, por lo tanto, hay que ajustarse al principio de legalidad penal. Ni tampoco se habían subscrito los convenios internacionales, que lo recogen.