La fiscalía provincial de Madrid ha contradicho a la JEC y ha asegurado que el president Carles Puigdemont, y los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí deben poder presentarse a las elecciones europeas. Considera que la resolución de la JEC que lo prohíbe no se ajusta a derecho.
La fiscalía se opone en redondo a la resolución de JEC y da apoyo así a la candidatura de Puigdemont en los términos del recurso presentado por JuntsxCat y los votos particulares que presentaron el presidente y el vicepresidente del organismo arbitral, mientras reclama "reconocer el derecho fundamental a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad".
Pide también que se anule la exclusión de los tres candidatos de Lliures per Europa (Junts), y argumenta que la resolución de la JEC "no está ajustada a derecho, porque vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo" de Puigdemont y los consellers.
Para el fiscal, la JEC "ha creado ex novo una causa de inelegibilidad no prevista en la ley, lo que por razones obvias resulta no solo incompatible con la ley electoral sino también con preceptos constitucionales". Recuerda que la ley no contempla ningún condicionante ni ninguna restricción al sufragio pasivo (presentarse a unas elecciones) que no sea la condena por sentencia firme.
También recuerda a la JEC que el censo electoral tiene como misión acreditar que los votantes lo son efectivamente y ordenar el ejercicio del sufragio activo, evitando duplicidades, pero estos "factores instrumentales, por lo contrario, no tienen sentido en el ámbito del ejercicio del sufragio pasivo [ser candidato]".
El Ministerio Público ha presentado sus argumentos en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, donde Puigdemont, Comín y Ponsatí recurrieron la decisión de la JEC que los dejó fuera de la lista en el Parlamento Europeo, donde ocupan los números 1, 2 y 3.
El vicepresident del Parlament Josep Costa se ha felicitado de que la fiscalía les dé la razón, y ha apuntado que la sentencia definitiva puede llegar mañana sábado.
El abogado Gonzalo Boye, el artífice del recurso, ha ido a comprar palomitas.
La exdiputada de la CUP Mireia Boya se ha felicitado por el posicionamiento y lo ha atribuido a una voluntad de la fiscalía de "evitar el ridículo internacional" si el caso lo tuviera que resolver Europa.