La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha cuestionado abiertamente a los dos agentes de la policía española que ahora intentan reabrir la investigación de Tsunami Democràtic contra independentistas catalanes en la Audiencia Nacional, con los mismos hechos que ya denunciaron el diciembre pasado. El juez Manuel García-Castellón tiró la toalla y cerró el caso Tsunami el julio pasado, cuando la Audiencia Nacional le detuvo la investigación hasta verano de 2021 al haberse pasado por un día la prórroga de la instrucción, y, por lo tanto, sin poder llevar a nadie a juicio porque en aquellas fechas no había procesado por terrorismo ni a Carles Puigdemont ni a Marta Rovira, ni otras 8 personas más. El 9 de agosto pasado, el abogado José María Fuster-Fabra, en nombre de los dos policías gravemente heridos en las protestas del 18 de octubre de 2019 en la plaza Urquinaona de Barcelona, volvió a pedir al juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional que investigue estos hechos por el delito de terrorismo, sin hacer ninguna referencia a la investigación anterior.

En un escrito, en el cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves, la Fiscalía afirma que los hechos denunciados por los dos agentes ya fueron investigados en las diligencias previas 85/2019, y por eso, pide a la magistrada María Tardón -que ahora ha asumido el juzgado central de instrucción 6  de la Audiencia Nacional a la espera del titular que sustituirá García-Castellón, que se ha jubilado- qué "se acumule esta denuncia a las diligencias previas 85/ 2019 "a los efectos que resulten procedentes". Y, por tanto, que se mantenga su archivo.

Los dos policías, jubilados a la fuerza

En la denuncia, el abogado explica que los agentes de la policía española con el TIP 104440 y 91464 sufrieron graves lesiones cuando "defendían" la Jefatura de la policía española de Vía Laietana y que obtuvieron “la incapacidad absoluta permanente, jubilándome de manera prematura, con la reducción de sueldo que esto comporta, y sin ninguna indemnización por los daños sufridos en acto de servicio.”

Sin embargo, el penalista Fuster-Fabra no hace ninguna referencia que el juez García-Castellón los admitió como acusación particular y que procesó a una decena de personas del delito de terrorismo, a pesar de que después cerró el caso por su error al prorrogar la instrucción.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha pedido el parecer de la Fiscalía, que ahora, ha respondido que no se tiene que archivar la denuncia, sino acumularla a las diligencias 85/2019, que están archivadas del julio pasado.
 

Hechos ya investigados

“El objeto de la denuncia es la depuración de responsabilidades pertinentes frente a quienes organizaron, financiaron, planificaron y ejecutaron los actos violentos sufridos por los funcionarios del Estado en fecha 18 de octubre de 2019, porque a consecuencia de su experiencia profesional, se estima, que pudieron ser  constitutivos de actas terroristas, a lo estilo kale borroka ( sic)”, afirma  la Fiscalía.

El fiscal añade: “En primer lugar, resulta llamativo, más incluso teniendo en consideración la función ejercida por los denunciantes, de una parte, la circunstancia de dar notitia criminis de hechos acontecidos en fechas pretéritas, con posterioridad al 14 de octubre de 2019. De otra, no hacer constar en la presente denuncia el conocimiento que los mismos tuvieron desde la fecha de su comisión la correspondiente reacción por parte de las instituciones del Estado, esto es, la remisión de los correspondientes atestados por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la incoación del correspondiente procedimiento judicial.”  

Además, el fiscal recuerda que por este motivo se abrió una investigación el 2019 en la Audiencia Nacional, y se practicaron en las diligencias previas 85/2019. Y por eso concluye: “Existiendo, por lo tanto, identidad de sujetos, hechos y fundamento en los relatados en la presente denuncia, se estima que procede su remisión a estas diligencias a efectos de su acumulación."

La lógica indica, que la acumulación es para mantener archivada la investigación. La magistrada Tardón tiene ahora la palabra.