Desde hace semanas, la Fiscalía mantiene un pulso con la junta de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric, oponiéndose a todos y cada uno, de los permisos que se han empezado a conceder a los presos independentistas para que salgan a trabajar y hacer voluntariado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Hoy, el juzgado de vigilancia ha tumbado el primer recurso de los fiscales, el de Jordi Cuixart, que fue el primero en salir a trabajar. La resolución no es firme -la Audiencia de Barcelona tendrá la última palabra-, pero supone un revés para la Fiscalía. 

Si bien la decisión adoptada hoy es específica para al caso de Cuixart, lo cierto es que marca un precedente en relación al resto de condenados por el 1-O que ya disfrutan del 100.2 -Junqueras, Romeva, Sànchez, Forcadell, Forn y Bassa-.

El escrito de la jueza determina que "existen motivos suficientes" para conceder este permiso. Eso sí, incorpora una condición, que la junta de tratamiento de la prisión haga "un seguimiento específico del aprovechamiento favorable y sin incidencias del 100.2". Y pide a Lledoners que cada semana envíe una "valoración de la evolución del interno en este régimen", de manera tal que pueda verificar que "se mantienen los riesgos bajos de reincidencia delictiva y ruptura de la condena".

Para oponerse a los permisos de trabajo y voluntariado, la Fiscalía argumentaba que los presos políticos no se han reeducado, ni se han arrepentido de los hechos. La resolución judicial recuerda en la Fiscalía la clasificación en segundo grado de los presos del procés ya preveía la posibilidad "de un régimen de vida flexible" y que en aquel momento los fiscales no manifestaron ninguna objeción.

El texto es un correctivo para el ministerio fiscal. Lo avisa de que "no puede pretenderse que la condena penal s'extengui a una condena del itinerario penitenciario del interno, obstaculizando e impidiendo situaciones de posibles autorizaciones de permisos ordinarios de salida o la obtención de otros beneficios penitenciarios". Asimismo destaca que es legítimo que Cuixart no se declare culpable ni arrepentido y pone en valor que "reconoce los hechos probados de la sentencia, asume las consecuencias de sus actos y muestra motivación para el cambio". En paralelo, reprocha que se pretenda oponerse al 100.2 en base a la frase "lo volvería a hacer", que es "la mera expresión de un pensamiento político".

En la Fiscalía le queda ahora una última vía para que se revoquen los permisos de Cuixart y el resto de presos, que es presentar un recurso al Audiencia Provincial de Barcelona. Mientras tanto, los dirigentes independentistas podrán seguir saliendo.