"Es su opinión personal." Con este argumento, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio considera no delictivos los mensajes, a través de su cuenta particular en X, de la alcaldesa de Ripoll y diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols contra el colectivo magrebí, y calificados de xenófobos e islamófobos. La Fiscalía Superior de Catalunya ha difundido, este miércoles, el decreto de archivo de la denuncia presentada por la fundación Ibn Battuta contra Orriols, que la líder de la formación xenófoba avanzó ayer.
La entidad acusaba Orriols del delito de prevaricación administrativa por retrasar el empadronamiento de familias magrebíes en su municipio y del delito odio para difundir mensajes discriminatorios contra el colectivo. El septiembre pasado, Ibn Battua presentó la denuncia a la Fiscalía Superior de Catalunya porque al ser diputada en el Parlamento es aforada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Ahora, la Fiscalía ha comunicado que cierra las diligencias de investigación al considerar que la alcaldesa no ha cometido ningún delito
"Ninguna prueba presentada"
La respuesta del fiscal Pérez de Gregorio es clara: "No se ha aportado ninguna prueba sobre estas dilaciones en el empadronamiento con actitud de discriminación al colectivo magrebí" por parte de Orriols o de su equipo de gobierno.
Expone que en el empadronamiento se exige unos requisitos y es normal que la administración tarde en comprobarlos. Y, descarta indicios delictivos porque sostiene que si hay irregularidades se pueden denunciar por la vía administrativa, y después en el juzgado contencioso-administrativo, y la entidad no ha aportado ninguno denuncia en este sentido, razona el fiscal.
No es delito, puede ser una sanción administrativa
Con respecto al delito de odio, el fiscal Pérez de Gregorio también lo descarta. Sostiene que la líder de Aliança Catalana "expresa su opinión personal sobre determinados comportamientos y conductas islamistas", que no cumplen los requisitos del delito de odio, aunque recuerda que puede ser sancionada administrativamente a través de la ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación de Catalunya.
"Estos mensajes, sin duda, pueden ser criticables, socialmente reprobables (...) pero no se puede afirmar de manera tajante e indudable que promuevan, fomenten o inciten al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra el colectivo inmigrante magrebí." Y por eso, el fiscal archiva las diligencias y descarta persegurla penalmente.
Si la entidad quiere mantener la denuncia contra Orriols la tendrá que presentar en el alto tribunal catalán.