Nuevos movimientos en los tribunales. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que sufrió el exministro José Luis Ábalos a causa de la filtración de sus datos personales que aparecían al sumario del caso Koldo. Así lo ha avanzado El Español y lo ha confirmado ElNacional.cat. La denuncia se registró el pasado lunes 12 de agosto en los Juzgados de Madrid. Hoy en día, el caso Koldo está siendo investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. De esta manera, la Fiscalía se alinea con la petición de Ábalos, que en julio presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

En aquel momento, el ex secretario de Organización del PSOE y ahora diputado del Grupo Mixto exigió que se investigaran las filtraciones de documentos relativos al caso Koldo que le afectan a él y a terceras personas con las que ha tenido relación, y pidió al Ministerio del Interior que aclarara si las Fuerzas de Seguridad hacen consultas sobre él o su familia. Además, reclamó que se tomara declaración a los agentes de la UCO asignados a la investigación y que se hiciera una auditoría sobre los accesos al iCloud del juzgado para identificar quiénes y cuándo accedió al fichero de los mails filtrados.

En julio, en una rueda de prensa en el Congreso, José Luis Ábalos argumentó que daba ese paso ante la “publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial” que le afecta tanto a él como a su familia y a “otros ciudadanos corrientes” y que estaba haciendo un “daño enorme” a su reputación personal y profesional. Además, lamentó que las revelaciones no hubieran sido objeto de reproche penal ni de investigación “por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal”, en alusión a la Guardia Civil y al juzgado que dirige el magistrado Ismael Moreno. Con todo ello, consideró que con estas revelaciones se había establecido un “estado de excepción de derechos” que eliminaba el derecho a la intimidad tanto de personas que tienen relevancia pública como de otras que “no tienen nada que ver”. 

José Luis Ábalos ponía el “foco” en los funcionarios

En su escrito, Ábalos denunciaba que se estaban difundiendo datos sobre su vida privada, como viajes o estancias, con una “precisión sistemática” y señalaba que era una información cuyo conocimiento solo era posible por “información recabada en registros administrativos y policiales”. Asimismo, resaltaba que eran datos que no tenían nada que ver con los hechos que investiga el juzgado, lamentaba que estuviera siendo expuesto a “juicios paralelos que se van dosificando en su difusión” y concluía que se estaba realizando sobre él una “investigación no controlada”. En este sentido, ponía énfasis en el hecho de que la difusión de estos documentos había sido “consentida” y dirigía el “foco” a “quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta”. Para él, el culmen de esta situación se produjo con el “volcado de determinados correos electrónicos”, dado que algunos eran de 2018, dos años antes de la pandemia.

Por este motivo, Ábalos solicitó a la Fiscalía que pidiera al Ministerio del Interior un informe con las fechas de incorporación de informes policiales a la causa y de su publicación en medios, así como de las consultas sobre él o sus familiares de primer grado desde enero de 2020 en registros públicos a los que tengan acceso las Fuerzas de Seguridad. El exministro reconoció que las filtraciones también podrían venir de las partes personadas en el caso, pero dejó claro que no apuntaba a ellas en su denuncia: “Me estoy refiriendo a funcionarios públicos, a nadie más”. Tampoco creía que el PSOE estuviera detrás porque él ya estaba “suspendido de militancia” y fue expulsado del grupo parlamentario: “No tendría sentido, ¿qué más quiere?”, se preguntó.