Capertada. El fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha descartado que los diputados de Vox, Ignacio Garriga y Joan Garriga, hayan cometido algún delito con el dinero público que el Parlament asigna a los grupos parlamentarios y que habrían gastado indebidamente, según el informe al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este martes. La exdiputada de Vox por Tarragona, Isabel Lázaro, denunció al actual vicepresidente de la formación ultra y al portavoz del grupo parlamentario de Vox a la Fiscalía al considerar que habían cometido los delitos de malversación de fondos y de apropiación indebida. Después de una investigación, el fiscal superior expone que una parte del dinero cobrado y gastado es legal, según la normativa vigente del Parlament, ahora endurecida, mientras otros gastos denunciados "no hay suficientes indicios objetivos" para denunciar a los dos diputados ultra en el juzgado y ha cerrado la investigación.
El Parlament otorga una asignación anual a los grupos parlamentarios para cubrir gastos de funcionamiento (personal, material, actividades políticas y de representación). En las elecciones de 2021, Vox obtuvo 11 diputados y recibió un millón de euros para los gastos del grupo, aparte del sueldo y las dietas que cobran los diputados. Por ejemplo, Ignacio Garriga cobró un sueldo de 90.741 euros y 14.264 euros anuales en dietas, para desplazamientos y manutención que no son fiscalizables.
Las cifras denunciadas
En la denuncia, la exdiputada detalla que Ignacio Garriga, habría girado facturas por un importe total de 81.490 euros durante los ejercicios 2021 a 2023; mientras que Joan Garriga, habría girado facturas por un importe total de 4.240 euros durante el ejercicio 2023.
Sobre estos gastos, el fiscal superior expone que después de las denuncias recibidas, y a recomendación de la Oidora del Parlament, la cámara catalana cambió su instrucción sobre las subvenciones a los grupos y subgrupos parlamentarios, ue ha entrado en vigor en esta legislatura, que restringe los conceptos subvencionables a fin de que "no se pueda destinar la subvención al pago de remuneraciones o servicios profesionales a los miembros del mismo grupo o subgrupo”. Y como hasta ahora se permitía, la Fiscalía sostiene que no puede actuar penalmente contra los dirigentes de Vox.
Legal y sin engaño
“La normativa interna del Parlament permitía –o al menos no prohibía expresamente- al momento de librar las facturas correspondientes e incluso en la actualidad, que los diputados integrantes del grupo parlamentario pudieran percibir pagos, contra el importe subvencionado, en concepto de eventuales “servicios profesionales” prestados para el mismo grupo", afirma el fiscal en su informe.
Y añade: "Adicionalmente, tiene que advertirse que los pagos percibidos por Ignacio Garriga y Joan Garriga fueron facturados por los mismos directamente y sin interposición de persona física o jurídica alguna, y además en debido conocimiento de los órganos de fiscalización del mismo Parlament, sin que de tales conductas quepa, en consecuencia, advertir la concurrencia de indicios suficientes que permitan la imputación de los tipos penales invocados por tales conceptos.”
Comidas y gastos en agosto
Lázaro también denunciaba una segunda irregularidad con las tarjetas de crédito grupo y durante los ejercicios 2022 y 2023, los dos diputados denunciados dispusieron de 105.568 euros. La exdiputada también detalla que en el ejercicio 2023 se presenta “una relación de gastos que llaman la atención en gran medida respecto del mes de agosto, cuando ninguno de los dos denunciados trabajaba para el Parlament”, y pose por ejemplo un viaje en Francia. “Indudablemente, se trata de la utilización de dinero público para hasta particulares o vacacionales”, concluye.
Sin embargo, el fiscal superior responde que solo se aportan "sospechas" insuficientes para iniciar una investigación. “La ausencia de indicios objetivos que corroboren la irregularidad de las disposiciones de fondos que se indican en el relato efectuado por la denunciante no permite la apertura de una investigación penal sobre este tema. Es así que, más allá de las meras sospechas, resulta materialmente imposible investigar si todos o parte de los gastos que se detallan en la denuncia formulada (gasolina, taxis, parkings, restaurantes, hoteles, peajes, etc.) guardan relación o no con la actividad del grupo parlamentario", concluye Bañeres. Además, detalla que de las irregularidades denunciadas, al final, Ignacio Garriga informó que devolvió 380 euros gastados personalmente a la cuenta de su grupo parlamentario.
Sin indicios delictivos, el fiscal superior de Catalunya recuerda que el control del dinero público del Parlament es competencia de los órganos competentes del Poder Legislativo y, en último extremo, del Tribunal de Cuentas.