Dieciocho días después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia del juicio al procés, los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena han pedido esta mañana formalmente al magistrado Pablo Llarena que dicte las órdenes europeas de detención y entrega de los consellers en el exilio Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig.

Los fiscales reclaman la euroorden contra Clara Ponsatí y Toni Comín por sedición y malversación de caudales públicos, delitos por los cuales fueron condenados sus compañeros en el Govern ahora encarcelados y que están castigados con penas que van entre los 10 y los 15 años de prisión.

En el caso del conseller Puig, el ministerio público sustenta la petición de la euroorden por un delito de malversación de caudales públicos.

 

En los escritos, el ministerio público sostiene que el hecho de que el Supremo ya haya emitido sentencia dota en esta ocasión las euroórdenes de una mayor “seguridad jurídica” respecto a los anteriores intentos del juez Pablo Llarena, que fueron desestimados por la justicia belga. Según los fiscales, la emisión de la nueva euroorden permite “ajustar de manera exacta” los “hechos y títulos de imputación que se han establecido”.

Nada más hacerse pública la sentencia, el instructor Pablo Llarena reactivó la euroorden contra el president Carles Puigdemont, que tendrá que resolver la justicia belga. La vista está fijada para el 16 de diciembre.

El caso de Serret y Gabriel

La fiscalía, por otro lado, no pedirá una euroorden contra la consellera Meritxell Serret ni contra la líder de la CUP, Anna Gabriel​, que están en el exilio, puesto que entiende que su responsabilidad en los hechos solo encajaría en un delito de desobediencia.