El caso Koldo sigue dando vueltas. Ahora se ha destapado que la Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado toda la información que tenía en sus manos sobre las presuntas irregularidades relacionadas con los contratos por la compra de mascarillas de los gobiernos autonómicos de las Baleares y Canarias, conocido como el caso Koldo. Así lo apunta el decreto del 4 de marzo dictado por la Fiscalía Europea, según relata El Periódico de España. El documento, por el cual se abren diligencias de investigación especifica que las informaciones sobre los fondos europeos del caso Koldo se iniciaron únicamente de acuerdo con las "noticias de prensa que se han publicado sobre contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de islas Baleares". El organismo europeo denuncia que todas las informaciones publicadas no fueron comunicadas por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien al responder a las peticiones de información "no hizo ninguna referencia a la existencia de sospechas de irregularidad en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la unidad adscrita de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había elaborado".
Ocultación de información
El decreto de la Fiscalía Europea advierte que no ha sido hasta ahora, haciendo referencia al decreto del de marzo, y una vez conocidas las informaciones publicadas a los medios "cuando se ha contado con la noticia criminis que motiva la necesaria incoación de este procedimiento de investigación por parte de la Fiscalía Europea", según se señala al escrito. Así pues, según denuncian, las presuntas irregularidades en los fondos europeos no va se detectaron hasta que no se hicieron públicas las noticias con las insinuaciones "que afectaban a los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de islas Baleares". En el documento apuntan que las publicaciones se produjeron después de la operación puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuando ordenó las detenciones de los principales investigados, entre ellos Koldo García, quien fue asesor del exministro José Luis Ábalos.
Según denuncia la Fiscalía Europea, la falta de información aportada por Anticorrupción obligó al organismo europeo a hacer un análisis inicial sin contar con toda la información de la que disponía Anticorrupción. "Si siempre una calificación jurídica inicial resulta provisional y tiene que estar a la espera del avance de la investigación para que queden definidos todos los elementos objetivos y subjetivos que avalen los delitos definitivos, en el presente caso con mayor motivo si se tiene en cuenta que la noticia de los posibles delitos no es otra que las publicadas en los diversos medios de comunicación", lamenta la Fiscalía Europea. Además, también señalan que el pasado mes de octubre pidió a Anticorrupción que le aportara toda la información disponible para determinar si tenía competencia para investigar los contratos públicos bajo sospecha. En este escrito, solicitaban información detallada sobre la empresa presuntamente beneficiada por el caso y de los comisionistas, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto. El silencio de Anticorrupción, les obligó a volver a pedir toda la información el 21 de diciembre de 2023.
Sin embargo, según explica el organismo con sede en Luxemburgo, hasta el 12 de enero de 2024 no recibieron un documento sobre esta información, a pesar de que, señala que en el documento no se hacía referencia a los hechos y delitos investigados "respecto de cada uno de los contratos, informaba de que el 8 de septiembre de 2023 se había interpuesto querella" por los hechos que forman del caso Koldo. Las acciones legales recayeron sobre el Juzgado Central de Instrucción número 2 e Ismael Moreno, les acusó de presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, soborno y tráfico de influencias. A raíz de la información entregada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Fiscalía Europea detectó que uno de los contratos investigados "había sido financiado con fondos europeos".