La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) ha asumido la investigación judicial del caso Koldo, según ha informado en un comunicado. Hasta ahora, la Audiencia Nacional había sido la encargada de investigar esta presunta trama de corrupción que se centra en la adjudicación de contratos públicos a una única empresa para la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid, y que ha sido bautizado con el nombre de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Tras comprobar que uno de estos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha acordado asumir toda la causa y "así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las diferentes administraciones públicas en la misma empresa en un breve periodo de tiempo".
La EPPO ha recordado que en marzo, la oficina de la Fiscalía Europea en Madrid comenzó las pesquisas "sobre un posible fraude que afecta a los contratos públicos adjudicados por las autoridades sanitarias de las Islas Baleares y Canarias a una empresa única para la compra de equipos médicos". Dado que un juzgado de instrucción de España estaba investigando a la misma empresa por contratos adjudicados por otras autoridades sanitarias y que uno de estos contratos estaba cofinanciado por la UE, la Fiscalía Europea solicitó en ese momento información adicional para determinar si el caso entraba dentro de su competencia, ha señalado. "Después de recibir esta información y examinarla detalladamente, la Fiscalía Europea ha tomado la decisión de hacerse cargo de esa investigación judicial", apuntó. Además, ha subrayado que esta actuación se produce "a raíz del altísimo interés público suscitado por esta investigación".
En caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del caso Koldo, se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo, según informan fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El presunto fraude provocado por estos contratos firmados durante la pandemia asciende a 17,8 millones de euros de dos partidas de los fondos europeos. En concreto, se trata de 14,7 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 3,1 millones del Fondo de Solidaridad, según la información remitida por el gobierno español a la Comisión Europea en respuesta a un requerimiento enviado pasado mes de marzo.
¿Qué es la Fiscalía Europea?
La Fiscalía Europea es la encargada de investigar, procesar y juzgar los delitos que afectan a los intereses financieros y al presupuesto de la Unión Europea. Está estructurada en dos niveles, el central, encabezado por el fiscal general europeo y con sede en Luxemburgo; y el nacional, integrado por los fiscales europeos delegados en los distintos estados miembros.
Cuando existen sospechas de que se ha defraudado presupuesto de la UE, las autoridades tienen la obligación de informar a la Fiscalía Europea, que debe evaluar si los hechos se encuentran dentro de su jurisdicción. En caso de considerar la existencia de un posible delito dentro de sus competencias, la EPPO está obligada a abrir una investigación.