La Fiscalía Europea investigará si la actuación del gobierno de las Balears, en manos del PP, tuvo alguna responsabilidad en la no reclamación del reembolso de las mascarillas defectuosas que fueron facilitadas a esta administración por la trama de Koldo García. El paso de la fiscalía viene después de la denuncia que el PSOE presentó contra el gobierno de Marga Prohens y en la cual los acusaba de dejar caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros en la empresa Soluciones de Gestión. En concreto, los socialistas denunciaron al actual director general del Servicio de Salud autonómico, Javier Ureña, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros del total de los 3,7 millones abonados por casi 1,5 millones de mascarillas.

El juzgado de Palma que admitió a trámite la querella del PSOE, en un auto del 21 de mayo, se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea, que ya investigaba la compra de material sanitario a empresas vinculadas con la presunta trama de corrupción por parte de los gobiernos balear y canario, ya que la compra se financió con fondos de la Unión Europea.

Expediente de reclamación caducado

El origen del caso se sitúa durante los primeros meses de la pandemia de la covid en el 2020, cuando el gobierno balear, encabezado en aquel momento por Francina Armengol, compró las mascarillas ofrecidas por la empresa Solucionas de Gestión, por 1,4 millones de euros, un material que tenía una calidad muy por debajo de la exigida para el uso sanitario, según certificó el departamento de Salud cuando las recibieron, motivo por el cual quedaron almacenadas y nunca se acabaron utilizando. La empresa había sido recomendada en las Baleares por Koldo García, asesor principal del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En la primavera de 2023, Salud inició el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la compañía, que caducó en enero de 2024. Ahora, el actual Gobierno, presidido por Marga Prohens (PP) ha argumentado que el anterior ejecutivo autonómico nunca lo informó del sobrecoste de las mascarillas ni inició formalmente la reclamación en la empresa investigada.

La postura del PP ha quedado desmentida por la investigación del caso, ya que la Guardia Civil incluyó conversaciones grabadas entre los principales implicados en la trama donde se insinúan gestiones para que el nuevo ejecutivo del PP a baleares facilitara que el expediente de reclamación caducara, un hecho que acabó pasando. Entre las pruebas, está la transcripción de una conversación entre los gestores de la empresa, cuando en diciembre de 2023 apuntaban que "Baleares no iba a seguir con la reclamación por las mascarillas". Un día después, el 12 de enero, el expediente caducó. Según apunta el juzgado de Palma, la Fiscalía Europea ya tiene iniciado un expediente de investigación en relación con la adquisición de estas mascarillas y también es el competente para la investigación de la posterior reclamación del precio de las mascarillas.