La Fiscalía Europea ha anunciado al partido ultra Vox que rechazará que ejerza la acusación popular en la investigación que dirige para aclarar dos contratos que habrían sido sufragados con fondos europeos y que fueron separados del caso Begoña Gómez, que dirige el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, contra la mujer del president del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. El órgano comunitario habría trasladado su decisión a la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, que —según Europa Press— ya ha adelantado, este martes, que el partido de extrema derecha recurrirá esta negativa porque "según la normativa española las acusaciones populares también tienen derecho a la tutela judicial efectiva". En concreto, el órgano comunitario investiga dos subvenciones concedidas a la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley por parte de la empresa pública Red.es.
El Estado español es el único de Europa que permite que los partidos políticos y los sindicatos sean acusación popular en los procedimientos penales, un extremo que se quiere corregir desde hace años, que ha sido criticado por el Tribunal Supremo, y que ya se recogía en el proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 2011.
"Procedimiento opaco"
La abogada de Vox ha declarado que quiere "saber e intervenir" en las diligencias de investigación de este caso para que no se "configure" un "procedimiento opaco", en el cual no puedan saber "qué es lo que se investiga". El partido ultra, liderado por Santiago Abascal, solicitó, el 6 de julio pasado, personarse como acusación popular en la pieza que la Fiscalía Europea abrió en junio, después de exigir parte de la causa que se investiga en el juzgado de Madrid porque hay fondos europeos.
Querella de Manos Limpias
En concreto, la Fiscalía Europea investiga dos contratos otorgados a una UTE en la cual participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés —imputado por el juez después de su declaración como testigo—, y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de la empresa Red.es, financiadas con fondos europeos. El magistrado de Madrid abrió la investigación a raíz de la querella de Manos Limpias, que sostiene que Begoña Gómez, "prevaleciéndose de su estatus personal, como esposa del presidente del Gobierno", había "venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".
Sánchez, dispensado de declarar
La investigación a Begoña Gómez está llena de polémicas por como el juez Peinado está llevando la instrucción. La última es que ha citado artículos de la ley que no existen en la citación de Pedro Sánchez como testigo, el próximo 30 de julio. El magistrado irá a Moncloa a tomarle declaración, y Sánchez se puede negar a declarar contra su mujer, dispensa que recoge el artículo 416 de la LECrim a los parientes de los procesados en línea directa, ascendiente y descendente, y a su cónyuge.