La Fiscalía de Barcelona ha ordenado este martes abrir diligencias sobre la denuncia que presentó ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la filtración a un medio de comunicación de una conversación suya, en el marco de las intervenciones telefónicas a los investigados de la operación Volhov.
Rufián alegó que se había vulnerado su derecho fundamental a la intimidad, ya que la conversación publicada no tiene ninguna relación con la investigación del caso. La denuncia también sostiene que la publicación de la conversación no busca más que el "desprestigio" y la "pugna política".
Por este motivo, Rufián ha pedido a la Fiscalía que adopte las medidas oportunas para impedir que se publique cualquier nueva grabación de "conversaciones privadas" incluidas en el sumario.
Concretamente, la conversación denunciada por el líder de ERC en el Congreso es fruto de los seguimientos policiales al exconseller y empresario Josep Vendrell, investigado en el marco de la operación Volhov por varios delitos, algunos de ellos vinculados a la corrupción.
En el audio que ha motivado la denuncia, Rufián, Vendrell y dos personas vinculadas a ERC analizan la situación política de la formación y cuestionan la idoneidad de Pere Aragonès para liderar la candidatura de los republicanos.
Acusación a la Guardia Civil
En su denuncia, el presidente del grupo de ERC en el Congreso acusa directamente a los responsables de las unidades de policía judicial de la Guardia Civil de haber filtrado a la prensa la conversación, ya que entiende que sólo estos mandos policiales disponían de ella, y pide a la Fiscalía que averigüe si esto constituye un delito de revelación de secretos.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró ayer en rueda de prensa que la denuncia de Rufián es sólo el comienzo de "una ofensiva política y judicial" que la dirección de su partido ha decidido emprender contra "el espionaje político al cual se somete al independentismo por parte del estado profundo".
En esta ofensiva, según explicaron, también hay, por ahora, una batería de 140 preguntas registradas en el Congreso de los Diputados "que el Gobierno tiene la obligación de responder", según aseguró la diputada Marta Rosique.