La Fiscalía ve indicios delictivos de blanqueo de capitales y fraude fiscal a la Hacienda Pública en el rey emérito Juan Carlos I por su participación en la construcción del AVE a La Meca, según ha avanzado la SER. Según el mismo medio, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, emitió un decreto donde comunicaba a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que la investigación sobre el AVE en Arabia Saudí afectaba al rey emérito y se veían indicios de delitos y que, por lo tanto, la causa tenía que pasar al Tribunal Supremo, pues Juan Carlos es aforado.
En este mismo decreto, el fiscal considera que no se puede perseguir al rey por el presunto cobro de la comisión de 100 millones de dólares por el AVE a La Meca puesto que el pago se realizó en 2008, cuando el monarca emérito todavía era inviolable, pero apunta que se pueden investigar los movimientos de este dinero a partir de junio de 2014, justo cuando abdicó y esto comporta la posible existencia de cuentas bancarias en Suiza a nombre de varios testaferros.
Así pues, a partir de ahora la Fiscalía del Supremo asumirá toda la investigación. Esto implica también que investigará todos los indicios que apuntan al empresario Juan Miguel Villar, que, entre otras personas, supuestamente abonó parte de la comisión multimillonaria a Juan Carlos. Todos los pagadores sí que podrían ser acusados por un delito de corrupción por la comisión del emérito.
La investigación se centra en delimitar o descartar que haya habido delito en los hechos que se produjeron durante la fase II de este proyecto, el mes de junio del 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de estar protegido por la inviolabilidad que reconoce la Constitución al jefe de Estado. La Fiscalía General del Estado ha argumentado a través de una nota que "resulta preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, el cual, como es sabido, se encuentra aforado ante la sala segunda del Tribunal Supremo".
La Fiscalía dictó un decreto el viernes pasado en el que designa esta investigación al fiscal de la sala del Supremo de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. "Vista la trascendencia institucional de esta investigación, se designa quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una extraordinaria calificación y experiencia", se argumenta en la nota de la Fiscalía General del Estado, donde se añade que el fiscal Campos estará auxiliado por un equipo de tres fiscales del Supremo, que asumirán "la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación".