La manifestación neonazi del pasado sábado, en el barrio de Chueca de Madrid, será investigada. Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación por iniciativa propia de los hechos ocurridos durante la marcha por si fueran constitutivos de un delito de odio. Convocada por el grupo Madrid Seguro contra "las agendas 2030/2050", se escucharon gritos como "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios". El ministerio público ha pedido informes a la Brigada Provincial de Información del CNP y a la delegación del Gobierno en Madrid.
El grupo Madrid Seguro organizó una manifestación neonazi que reunió a centenares de fascistas por las calles de Madrid, la tarde de este sábado. Organizaciones como España 2000 o Juventud Nacional se sumaron a una convocatoria que estuvo autorizada por la delegación del Gobierno. Aparte de las consignas homófobas, también se escucharon proclamas abiertamente racistas ("Tú no eres español porque no eres blanco") y saludos fascistas acompañados de gritos de "Sieg Heil".
Fue permitida, pero posteriormente, viendo las imágenes, el Gobierno anunció que lo llevaría a la Fiscalía. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo confirmó: "Pondremos en conocimiento de la Fiscalía el odio LGTBI y racista de la manifestación nazi de hoy en Chueca. Además, estamos tramitando con urgencia la ley trans y de derechos LGTBI, que es lo que nos lo permite blindar. No estáis solas". Y la denuncia se ha presentado este mismo lunes, por parte del Ministerio de Igualdad y el de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El Gobierno lo denuncia
Según han informado los departamentos de Irene Montero y Ione Belarra esta mañana, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio y Discriminación de Madrid, por posibles delitos de odio y discriminación. La denuncia constata que estos hechos son "idóneos para alterar la paz pública y crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes de los grupos destinatarios de los mensajes de odio y discriminación".
Desde el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales aseguran que es su "obligación institucional, política y ética" condenar la manifestación porque "es, sin duda, una expresión de intolerancia incompatible con la convivencia en una democracia y confían en que la Fiscalía actúe en consecuencia". Y remachan en este sentido: "La homofobia, la transfobia, el racismo o el machismo no tienen cabida en nuestra democracia". Se comprometen a trabajar "si se puede, con más intensidad" para aprobar la ley trans y de derechos LGBTI, así como la ley de libertad sexual, "que nos permitirán tomar medidas estructurales contra estas violencias de la manera más efectiva posible".
El precedente más inmediato es el del cartel de Vox durante la campaña madrileña, que señalaba a los menores migrantes no acompañados. A pesar de que la Fiscalía abrió diligencias, el juzgado decidió archivar las denuncias porque no veía delito de odio sino libertad de expresión. Incluso justificaba que los MENA son "un evidente problema".