La Fiscalía de Barcelona ha anunciado, este jueves, que investigará por primera vez un caso de torturas en la Jefatura de la policía española de Via Laietana. Se trata del caso del activista por la lengua y la cultura catalanas y de la izquierda independentista, Blanca Serra y Puig (Barcelona, 1943), que el noviembre pasado anunció que había presentado la primera denuncia a la Fiscalía de Barcelona por las torturas y vejaciones que sufrió ella y su hermana Eva -historiadora, que murió en julio de 2018- al ser detenidas cuatro veces por su militancia. Fueron vejadas en la Jefatura de la policía española de Via Laietana y a la Dirección General de Seguridad de Madrid (en la Puerta del Sol), entre los años 1977 en 1982, con la Generalitat restituida. La fiscal especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez, será la encargada de hacer la investigación.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado ha detallado que la Fiscalía de Barcelona hará esta investigación, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, y que "ha abierto por primera vez diligencias penales para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por miembros de la llamada Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura superior de policía de vía Laietana". Sin embargo, la época denunciada por las hermanas Serra es durante la Transición; es decir, unos hechos delictivos posteriores a los protegidos por la Ley de Amnistía de 1977. Hasta ahora, los jueces españoles se han amparado en esta norma para negarse a admitir a trámite nuevas denuncias de torturas durante el franquismo.
Respuesta a la negativa de los jueces
El caso de Blanca Serra es la tercera denuncia impulsada por Irídia y Òmnium Cultural, después de que los jueces españoles hayan cerrado la puerta a investigar las torturas durante el franquismo en el caso del sindicalista Carles Vallejo y los hermanos Maribel y Pepus Ferrándiz - causas que ahora están al Tribunal Constitucional-, a pesar de que la nueva Ley de Memoria Democrática de 2022 ordena investigarlo.
En este sentido, la Fiscalía informa que el decreto de incoación de investigación penal en el caso de Serra "se fundamenta en la obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática de realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios estos que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido por la Constitución".
Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, aseguró que "es un primer paso imprescindible para que se acabe haciendo justicia y se avance hacia la reparación". Antich ha celebrado "que la Fiscalía de Memoria dé credibilidad a la posible existencia de delitos de torturas" pero ha alertado de que "esto no es suficiente. Hay que seguir presionando para que se haga justicia y luchar contra la impunidad del franquismo y la Transición". Al mismo tiempo, el presidente de Òmnium Cultural ha asegurado que "no dejaremos de reclamar que la jefatura de Via Laietana sea, de una vez por todas, un espacio de memoria, y que haya un reconocimiento sincero, real y reparador a las víctimas. Solo así podremos hablar de normalidad democrática".