La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por la adjudicación del contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Tomás, en plena pandemia, recibió una comisión, todavía no determinada su cifra sobre si va de los 50.000 a los prácticamente 300.000 euros, en concepto de gestor de la compra por valor de 1,5 millones de euros a un amigo de la presidenta Ayuso. Los primeros al celebrar públicamente la apertura de investigación han sido los miembros de Unidas-Podemos en Madrid a través de twitter: "A raiz de las denuncias presentadas, la Fiscalía Anticorrupción abre una investigación por el contrato del hermano de Ayuso". Precisamente, esta ha reiterado que ya se ha avanzado y ha puesto a disposición de la justicia el acuerdo firmado pero en ningún caso ha adjuntado las facturas ni el detalle final de los pagos.
El papel de la Fiscalía
De esta manera, pesa nuevamente sobre la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, el deber de responder a los tres partidos políticos con representación en la Asamblea Parlamentaria de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas-Podemos) después de presentar delante de la Fiscalía Anticorrupción de otras denuncias con el objeto de que se inicie procedimiento para investigar las posibles irregularidades en que se hubiera podido incurrir en la adjudicación de este contrato. Si tiramos de la hemeroteca reciente, algunas denuncias previas han quedado en papel mojado. Como ya pasó con las querellas que inundaron el Tribunal Supremo contra altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis sanitaria.
¿Ayuso, aforada?
Ahora, la motivación de esta investigación viene derivada de elementos a tener en cuenta aportados por estos partidos. Así pues, se acompaña copia de la resolución del expediente de contratación, junto con noticias de prensa que se hacen eco y el "Comunicado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid después de las noticias sobre el presunto intento de espionaje", del pasado 17 de febrero. Además, a la denuncia de Más Madrid se incorporan unos mensajes de texto recibos en el teléfono de su portavoz, Mónica García Gómez, donde se alerta sobre la posible ilegalidad de esta contratación así como varias peticiones de comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid de Tomás Díaz Ayuso, del administrador único de Priviet Sportive (la empresa de las mascarillas) y del Consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.
Ahora bien, el escrito de la Fiscalía también recuerda que Ayuso es una "autoridad aforada ante el Tribunal Supremo" y que, de momento, se trata el caso como "hipótesis de los denunciantes sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios". Por eso, concluyen que de momento no irán más allá: "No permiten acordar la remisión en la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en lo mismo de la persona aforada". De momento, tan solo hablan de abrir diligencias en un escrito firmado por el magistrado Alejandro Luzón Cànovas.