La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado abrir juicio oral contra los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), detenidos en la Operación Judas, por un delito de pertenencia a organización terrorista. A ocho de ellos se les atribuye también delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. Según ha adelantado El Mundo este miércoles, el ministerio público ha remitido un escrito en la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional en el cual solicita que siente en el banquillo a los doce CDR después de que el pasado mes de abril el juez instructor, Manuel García Castelló, acordara por segunda vez dar por concluida la investigación judicial, procesando por terrorismo a estas 12 personas como presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a utilizar la violencia para conseguir la independencia de Catalunya.
En concreto, el fiscal solicita sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, a Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos y estragos, este último en grado de tentativa. Con respecto a los otros procesamientos, el Ministerio Fiscal señala a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista. La primera vez que García Castelló procesó a los detenidos en la denominada 'Operación Judas' fue en septiembre de 2021. No obstante, posteriormente la Sala de lo penal lo obligó a reabrir las perquisiciones para practicar las diligencias solicitadas por algunos investigados. Una vez concluidas, volvió a cerrar la instrucción enviando el sumario a la Sala de lo penal para que proceda a juzgarlos. Inicialmente, eran 13 procesamientos, pero el juez archivó la causa para uno de ellos por razones médicas, por lo cual el procedimiento continuó solo con respecto a doce.
Operación Judas
La mayoría fueron detenidos en septiembre de 2019 en la conocida como operación Judas para planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1-O. Después de años de investigación, el juez Manuel García Castelló concluyó que los investigados habrían conformado "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, el objetivo del cual sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.
Según el auto, el magistrado explicaba que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (YERTO), una célula integrada por un núcleo radicalizado integrado por individuos procedentes de diferentes CDR creado por la necesidad de contar con un grupo clandestino de máxima confianza, totalmente entregados a "la causa" a los cuales se las encargó las acciones más sensibles. García Castellón apuntaba que todos los investigados compartían principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Catalunya, utilizando para ello la violencia en su máxima expresión. El magistrado señalaba la participación activa de los ERT en algunas de las acciones más contundentes impulsadas por los CDR, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde tenía que pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el procés desde la prisión de Lledoners. Según el juez, el grupo tenía planes ambiciosos y habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportaran la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Catalunya, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.
Los planes de los CDR para ocupar el Parlament de Catalunya
Para llevar a cabo la ocupación del Parlament, el juez apunta que según los planes de los CDR entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos. Al lado de un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para esta red de telecomunicaciones. Todo eso con un presupuesto de unos 6.000 euros. De esta manera, los 12 procesamientos, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior".
Además del Parlamento, según la investigación, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de varias instalaciones, entre las cuales el instructor menciona a la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o localización de torres eléctricas. García Castelló prestaba especial atención al reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, situado en el municipio de Sant Andreu de la Barca. Asimismo, destacaba que habrían realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d'Esquadra.