La Fiscalía Provincial de Madrid ha ofrecido a Alberto Gonzáléz Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una propuesta de acuerdo para que se declare culpable de dos delitos fiscales y una de falsedad documental. Según ha informado El Mundo, el Ministerio Público ha propuesto a González que admita la comisión de tres delitos a cambio de una multa y una pena de prisión leve, que no implique la entrada en la prisión. Este ofrecimiento se produce en respuesta a la propuesta que hizo la defensa de González antes de que se presentara la denuncia con la cual ofrecía pagar la cantidad defraudada, que asciende a 350.000 euros, para evitar el juicio. Aquel acuerdo de conformidad fue rechazado y el fiscal presentó la denuncia en que se acusa la pareja de Ayuso de haber defraudado 155.000 euros en el 2020 y 195.951 euros de 2021 a través del falseamiento del impuesto de sociedades.

También se le atribuye un delito de falsedad documental por haber presentado facturas falsas, con el supuesto objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades. En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. La denuncia ha recaído este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que tendrá que decidir si imputa Alberto González Amador y cuatro empresarios más que lo habrían ayudado con el falseamiento de las facturas. El origen del presunto fraude fiscal se encontraría en el cobro de comisiones por la compraventa de mascarillas y otros productos sanitarios, por los cuales habría llegado a embolsarse hasta 2 millones de euros.

Ayuso defiende a su pareja: "Está sufriendo una inspección fiscal salvaje y sacada de quicio"

Ayuso ha defendido este miércoles su pareja y ha denunciado que "está sufriendo una inspección fiscal salvaje y sacada de quicio" que "se ciñe a una etapa de su vida" cuando todavía no salían juntos y que tiene el único objetivo "de retrasar los casi 600.000 euros que le debe Hacienda". La líder del PP de Madrid ha negado que haya "ninguna trama ni sociedades pantalla" y ha replicado que "es falso que sea él quien deba 350.000 euros". La presidenta madrileña ha asegurado que se trata de un "caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo" que tiene como objetivo derribarla a ella. "La próxima vez que salga con alguien, le pediré el currículum, si ha tenido una inspección de Hacienda y el certificado de vacunación", ha ironizado.