La fiscalía ha decidido mantener las acusaciones de rebelión y malversación contra los presos políticos que están siendo juzgados en el Supremo. Así lo ha anunciado el fiscal Jaime Moreno ante el alto tribunal al elevar sus conclusiones a definitivas.

Cae así la posibilidad de rebajar los delitos y con ellos las penas de prisión. También se acoge a la conclusión 20 de las jornadas del 2011 de delegados de vigilancia penitenciaria y pide que ninguno de los presos se pueda acoger al tercer grado hasta que no haya cumplido la mitad de la pena. El tercer grado implica sólo ir a dormir en la prisión y salir durante el día.

Las penas

Consideran que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, que es lo que avala el delito de rebelión, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

De hecho, mantiene todas las penas: 16 años para Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y 7 años para Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.

El ministerio público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo cual mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados después de tres meses y medio de vista oral, en los cuales, según su opinión, no hay duda de que el procés fue una rebelión consumada, en la cual se utilizó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).

Sólo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que dice que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo excepciones, y que impide conceder el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, de manera que la Generalitat no podría concedérselo en caso de estar en prisiones de Catalunya.

El tramo final del juicio ha sido insólito, con un escrito de conclusiones definitivas donde la fiscalía se ha equivocado con las penas y lo ha tenido que enmendar durante el receso de la tarde. Insólito, como todo el tramo de la prueba, en el cual la fiscalía llevaba todos los vídeos desordenados y sin saber exactamente dónde ubicarlos ni referenciarlos.

 

La Abogacía del Estado también se ha reafirmado en su acusación por sedición para la cúpula del procés y ha mantenido su petición inicial de 12 años de prisión para el vicepresident Oriol Junqueras, a quien también imputa malversación; 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y 8 para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Por otra parte, la acusación popular ―ejercida por Vox― mantiene también las mismas peticiones iniciales (de hasta 74 años) pero hace una excepción con el exconseller Santi Vila, que dimitió el día antes de la declaración de independencia. Le retira la acusación por organización criminal y malversación y sólo pide desobediencia, que no comporta prisión.