Ningún cambio para Laura Borràs. La Fiscalía ha mantenido la petición de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público para la presidenta de Junts, según han anunciado este miércoles las fiscales, en el juicio en el TSJC. La fiscal Teresa Duerto ha asegurado que Laura Borràs es autora de un delito de prevaricación en concurso con falsedad documental por haber adjudicado 18 contratos menores al informático Isaías Herrero, cuando era directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 en el 2017 y por un total de unos 335.000 euros. El presidente Quim Torra ha acompañado Borràs en la última sesión del juicio, y más tarde han entrado a la vista los dirigentes de Junts, Jordi Turull, Albert Batet y Anna Erra. Al final de su informe, la fiscal Duerto ha acusado Borràs de "despreciar la ciudadanía" al haber ordenado el fraccionamiento de los contratos para la creación de un portal web para la Institució, a pesar de que el trabajo fue realizado.
Por el contrario, la fiscal ha rebajado la petición de castigo a Herrero, de 6 a 2 años de prisión, 5 años y cuatro meses de inhabilitación y multa de 2.100 euros por los delitos de falsedad documental y prevaricación. Y, a su amigo Andreu Pujol, de 3 años a 1 año y dos meses de prisión. La fiscal les ha aplicado la atenuante de confesión en el juicio oral, con la cual "ha estado importante la aclaración de los hechos", según ha afirmado Duerto. Con esta rebaja, Herrero y Pujol, si son condenados, no entrarán en la prisión, puesto que son penas inferiores a los 2 años. Además, Herrero tiene una condena anterior suspendida, y no lo afectará, ya que son hechos coetáneos.
La fiscal niega persecución
En su informe, la fiscal Teresa Duerto ha ido desmontando uno a uno los argumentos exculpatorios que dio Borràs al tribunal. Ha afirmado que “se han investigado hechos realizados por personas”, y ha justificado que los Mossos de Esquadra buscaran el nombre de Laura Borràs, y Borràs, en el ordenador de Herrero, el noviembre de 2018, porque desde el 2013 ella era la directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) y, por lo tanto, la responsable de contratación.
"La defensa de Borràs ha afirmado que se han usado las instancias judiciales para provocar repudio popular e inhabilitarla. Nada más lejos de la realidad", ha asegurado la fiscal y ha añadido: “Borràs era la experta: justificaba el trabajo y ordenaba los pagos fraccionados.”
Funcionarios creíbles
La fiscal ha añadido que desde el mismo año 2013 Borràs decide que Herrero haga la puesta en marcha de un portal web de la Institución y así lo explica a los profesionales de la entidad. Ha añadido que si era un “proyecto de envergadura y se escoge a Herrero por su pericia” se tendría que haber hecho otro sistema de contratación, como el negociado, como propusieron los técnicos. Duerto también ha indicado que los funcionarios Assumpta Pagespetit y Roger Espar “tienen toda la credibilidad porque siempre han dicho el mismo”. La exadministradora declaró al juicio que alertó Borràs que se estaban haciendo demasiados contratos menores a la misma persona: Herrero. Además, ha precisado que la intervención delegada desconocia que Herrero era la misma persona contratada.
También ha recordado los testigos de cooperativas y un integrante del grupo Hermeneia, del cual era Borràs, aseguraron a la vista que usaron sus datos sin su autorización, y, por tanto, eran presupuestos falsos.
Correos incriminatorios
En la exposición, la fiscal ha hecho referencia a los correos electrónicos entre Borràs y Herrero y ha detallado los de 2013 y 2014, donde la presidenta de Junts da indicaciones al informático para hacer las ofertas a la Institució, que se han de presentar tres presupuestos, y que incluso en uno le dice: “Solo me has puesto los conceptos. ¿Tengo que acabar yo los presupuestos? No doy abasto. Tengo mucho trabajo.” Por eso, la fiscal acusa también de falsedad documental a Borràs, de la cual asegura que ayuda al informático.
Además, la fiscal Duerto ha afirmado que la pericial de Borràs “ha quedado desacreditada” porque cometió errores “al confundir dos registros”, y asegurar que los Mossos manipularon los CD, cuando ya estaban en sede judicial precintada. “Borràs nunca ha negado que estos correos no existieran”, ha remachado la fiscal.
Contra la confianza del ciudadano
Incluso, la fiscal ha asegurado que “la caída del portal web de las Lletres Catalanes no es culpa de los Mossos y de la Guardia Civil, sino de Herrero que es quien tenía el dominio y cayó porque no lo pagaba. El dominio de una entidad pública era en manos particulares”.
La representante del ministerio público ha cerrado su exposición, de más de dos horas, acusando Laura Borràs de "despreciar la confianza del ciudadano" porque era la responsable de la ILC, que "no puede cargar su responsabilidad a sus subordinados", y que era consciente que fraccionaba contratos y que eludió las normas de contratación".
La fiscal ha justificado la atenuante para Herrero y Pujol y ha asegurado que "ha sido esencial para demostrar que tenían un trabajo recurrente, cada año, en la Institució". Y ha afirmado que su posicionamiento es "legítimo", como el de Borràs, en no contestar a la fiscalía.
La abogada de Herrero, Marina Roig, y el de Pujol, Àlex Solà, han desestimado en hacer sus informes a causa del pacto con la Fiscalía.