La Fiscalía Superior de Catalunya ha confirmado este miércoles la petición de un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
Así lo ha indicado en el trámite de conclusiones durante la segunda sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el fiscal Pedro Ariche, que solo ha incluido algunas modificaciones en su escrito de acusación.
Anna Simó durant el judici als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de Catalunya al TSJC / EN
Cobertura normativa del nuevo Estado
Según el Ministerio Público, los acusados presuntamente cometieron un delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública del artículo 410.1 en relación con el artículo 74 del Código Penal. Fue al "permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente".
El fiscal considera que los acusados miembros de la Mesa actuaron "plenamente conscientes de que incumplían su deber de inadmitir y paralizar aquellas actuaciones contrarias al orden constitucional, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos que les formuló el Tribunal Constitucional".
Así, según afirma textualmente, desoyendo las resoluciones dictadas por aquel órgano en las que se declaraba la nulidad y la inconstitucionalidad de las iniciativas de los grupos independentistas de JxSí y la CUP "votaron sistemáticamente a favor de la admisión".
Permitieron con su actuación, según el fiscal, que se impulsaran resoluciones parlamentarias y normas legales como las leyes de desconexión y las propuestas de resolución sobre la independencia "tendentes a crear el marco legal que sustentara la construcción de la república catalana".
Y lo hicieron "a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales, de manera que dieran aparente cobertura jurídica al proceso de independencia diseñado y querido por todos los acusados".
Defensas y otras acusaciones
Las defensas de los cinco acusados han confirmado sus escritos en el trámite de conclusiones, en los que piden la libre absolución de los exdiputados al considerar que no desobedecieron los mandatos y decisiones del Tribunal Constitucional.
En sus escritos invocaban, del mismo modo que han hecho en el juicio, que los exparlamentarios actuaron amparados por la inviolabilidad parlamentaria, y que no podían entrar en cuestiones de fondo al admitir desde la Mesa a trámite iniciativas independentistas que entraban en el registro del Parlament.
Por su parte, el abogado de Vox, Juan Cremades, ha confirmado, como ya adelantó en el trámite de cuestiones previas, que retiran la acusación por organización criminal, por el que pedían 12 años de cárcel para los exmiembros de la Mesa, y mantienen el del delito de desobediencia, y la abogada del Estado Beatriz Vizcaíno ha mantenido su acusación por presunta desobediencia.