La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que se confirmen las condenas de inhabilitaciones dictadas por el TSJC contra Artur Mas (2 años), Joana Ortega (1 año y 9 meses) y Irene Rigau (1 año y 6 meses) para organizar el 9-N. El fiscal Javier Moreno sostiene que desobedecieron y que sabían el proceso participativo "era inconstitucional" y que no hacía falta un requerimiento expreso del TC para pararlo.
En cambio, los abogados de los tres piden la absolución y que no se marquen diferencias entre su actuación y la progresión del proceso independentista. "Existe una tendencia generalizada de poner en el mismo paquete los actos vinculados al nacionalismo catalán", ha lamentado el letrado de Ortega, Rafael Entrena.
También se ha referido al abogado de Mas, Xavier Melero, que" pide en el Supremo "no hacer jurisprudencia ad hoc" y el letrado de Rigau, Jorge Navarro, "que" denuncia falta de igualdad por "un cambio de criterio por un tema que tiene connotaciones políticas".